CASO FONDOS BUITRE
Nueva audiencia convocada por Griesa, a la que Argentina no asistirá
Mañana el juez Thomas Griesa recibirá a los abogados de Nueva York que representan al país.
El juez de Nueva York Thomas Griesa convocó a la Argentina y a los bonistas con los que está en litigio a una audiencia.
El encuentro se realizará mañana y será la primera vez que el juez se expida luego de vencido el plazo de gracia que tenía el país para acordar con los holdouts y evitar la cesación de pago.
Los funcionarios que negociaron hasta ayer con el mediador Daniel Pollack ya regresaron a Buenos Aires y fuentes oficiales del Ministerio de Economía aclararon que no enviarán a una nueva delegación, por lo que la Argentina estará representada por sus abogados en Nueva York, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.
Primero, la delegación encargada de llevar la negociación estuvo integrada por los secretarios de Finanzas, Pablo López, y de Legal y Técnica de Economía, Federico Thea, además de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Luego, a pedido del mediador Daniel Pollack, el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, se sumó a los encuentros.
La reunión surge en momentos en que crecen con fuerza versiones que indican que el banco JP Morgan habría iniciado negociaciones para comprarles la deuda a los acreedores y luego acordar el repago con la Argentina, que sería recién en enero por la cláusula RUFO. Mientras tanto, podrían exigir que se restablezca el stay, lo que permitiría normalizar las relaciones con los tenedores de títulos del canje.
Tanto el ministro Axel Kicillof como el jefe de Gabinete Jorge Capitanich evitaron pronunciarse sobre un eventual acuerdo entre privados. En cambio, sí deslizaron que podrían ir al Tribunal de La Haya para reclamar contra las sentencias de Griesa.
A la misma hora que el juez neoyorquino recibirá a los abogados, la ISDA se reunirá para analizar si la Argentina cayó en cesación de pagos y se gatillan los seguros. Fuentes del mercado dicen que se podrían activar pagos por casi u$s1.000 millones a favor de quienes se habían protegido ante un potencial default argentino.
