Se trata de 4 Observadores provinciales de pesca, quienes aseveraron que viene prestando servicios para el estado provincial “desde hace doce años y medio” pero sin mediar contrato y, por lo tanto, “sin aportes y sin cobertura de seguro alguno”. Aseveraron que son las empresas que monitorean las que deben pagarles, por imposición del gobierno fueguino.