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Menem y Cavallo condenados por pagar sobresueldos
El ex presidente fue sentenciado a 4,5 años de prisión, y el ex ministro a 3,5, por el pago de "sobresueldos" a funcionarios de alto nivel durante los '90.
Ninguno de los dos irá, por ahora, a la cárcel. La condena, dictada ayer por el Tribunal Oral Federal IV, no está firme. Y además, en el caso de Menem, todavía está protegido contra el arresto por sus fueros como senador.
Los jueces Pablo Bertuzzi, Patricia Mallo y Néstor Costabel condenaron a Menem a cuatro años y medio de prisión; a Cavallo, a tres años y medio, y al ex ministro de Justicia y secretario de Legal y Técnica, Raúl Granillo Ocampo, a tres años y tres meses de encierro.
María Julia Alsogaray, la única funcionaria menemista que cumple hoy pena de prisión (domiciliaria, por ser mayor de 70 años) fue absuelta. En su caso, el tribunal entendió que había sido penada por el cobro de "sobresueldos" en la causa en la que resultó condenada por "enriquecimiento ilícito".
En marzo pasado, cuando comenzó el juicio, entre los acusados estaba el ex canciller Oscar Camilión, pero como consecuencia de su delicado estado de salud fue apartado del proceso. El tribunal también absolvió a otros ex funcionarios: Raúl Castellini, Heriberto Baeza González, José Torzillo, Enrique Kaplan y José Coronel. Los fundamentos del fallo se conocerán el 2 de marzo del año próximo.
Todos llegaron a juicio imputados por la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica por parte de funcionarios del PEN. Las sumas utilizadas provinieron de partidas asignadas a gastos reservados, que se encontraban vinculadas a la defensa y la seguridad del Estado, y cuyo régimen especial dificultaba en gran medida el control estatal pues permitía la disposición del dinero en efectivo.
Ello exigió una ingeniería compleja, integrada por la conformación de un fondo general de dinero en efectivo mediante el aporte de distintos organismos autorizados a administrar gastos reservados, a los cuales previamente se les efectuaban transferencias desde jurisdicciones que no disponían de esos fondos, para ser extraídos definitivamente del mecanismo de control previsto por la Ley de Administración Financiera del Estado y de allí ser retirados en efectivo para su utilización en el sistema de sustracción investigado.
El dinero recaudado fue administrado en la Secretaria General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete -órgano que la reemplazó a partir de 1994-, y desde allí fue distribuido mensualmente a los titulares de los distintos Ministerios y Secretarías de Estado.
Menem no estuvo presente en la sala de audiencias de Comodoro Py. Sí, Cavallo, que recibió su primera condena por su paso por la función pública en tres instancias: durante la dictadura, en el gobierno de Menem y luego como ministro de la Alianza.
La condena tiene una accesoria: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si el fallo quedara firme antes de diciembre de 2017, Menem debería cesar como senador. Por lo pronto, se convirtió en un caso paradigmático, ya que ejerce un cargo legislativo en la Cámara Alta con dos condenas sobre sus hombros (la otra es por la denominada "causa armas").
La sentencia también tiene un costado económico. El tribunal ordenó decomisar $ 220.868 a Cavallo y $ 1.350.000 a Granillo Ocampo. Esas sumas fueron consideradas "efectos provenientes del delito por el cual se considerara responsable a los imputados".
