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Macri modificó por decreto la Ley de Migraciones

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se argumentó la nortma en la necesidad de regular, con condiciones más estrictas, las causas que impidan el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Desde otros sectores y organismos advierten que la medida relaciona directamente a los extranjeros con el delito y que busca restringir su ingreso y facilitar su expulsión.
lunes, 30 de enero de 2017 · 08:39

El Poder Ejecutivo nacional esquivó cualquier debate en el Parlamento y formalizó –este lunes, mediante el decreto 70/2017 firmado por el presidente, Mauricio Macri- los cambios en la Ley de Migraciones (ley N° 25.871).

 

Según dejaron ver desde el oficialismo, la medida persigue el objetivo de acortar los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con condenas, antecedentes, o sospechas penales.

 

Hasta ahora el piso de prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con la modificación, será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.

 

Además, entre los detalles que trascendieron hasta ahora, el macrismo indicó que buscará volver más expeditivos los juicios para expulsar a estos extranjeros.

 

A partir de hoy, para ser expulsados no requerirán de una condena firme, sino sólo de un procesamiento firme (dictado en segunda instancia) o de una condena en primera instancia.

 

Además se tomará la decisión en un "proceso especial sumarísimo”, que no duraría más de dos meses.

 

En contrapunto, desde que trascendió, la medida fue resistida por parte de la oposición y por organismos de derechos humanos, que advierten sobre el intento de vincular migración con delincuencia.

 

En ese sentido, además de apoyo, la modificación a la vigente ley desató una oleada de críticas y acusaciones de xenofobia que indican que la medida estaría orientada sólo a endurecer las condiciones para migrar a la Argentina y facilitar las expulsiones de forma más arbitraria.

 Además, desde estos organismos argumentan que la vigente ley ya permitía expulsar a los extranjeros que cometiesen un delito en la Argentina.

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