UNO DE LOS DENUNCIADOS ACUSA AL GOBIERNO DE "POLICÍA DEL PENSAMIENTO"

Triaca pidió juicio político para los jueces que avalaron el aumento bancario

Desde el Ministerio de Trabajo presentaron un pedido de juicio político contra los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino que ordenaron hacer efectivo el aumento salarial que el gremio de bancarios había pactado en noviembre pasado.
martes, 21 de febrero de 2017 · 09:52
Luego de que los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino destrabaran el conflicto salarial entre el Gobierno Nacional y el sindicato de Bancarios, el Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca, pidió el enjuiciamiento político de ambos magistrados ante el Consejo de la Magistratura.


La semana pasada, Gibert y Marino fueron los encargados de avalar la suba salarial del 24,3% por tres meses, que el Ejecutivo Nacional buscaba cerrar en 18%. Dicho aumento había sido pactado en noviembre de 2016 por el gremio que lidera Sergio Palazzo y las cámaras empresariales Adeba y Abappra.

 
Tras los votos de ambos camaristas a favor de dicho acuerdo, desde la cartera que conduce Jorge Triaca confirmaron el pedido de juicio político, realizada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, que se basa en acusaciones por "mal desempeño”, "falta de idoneidad”, "negligencia grave”, "incumplimiento de la Constitución nacional” y "arbitrariedad y falta de imparcialidad”.


En su pedido, el Ministerio de Trabajo alega que Arias Gibert y Marino se excedieron en sus atribuciones al involucrarse en un acto administrativo como es la homologación de los convenios colectivos de trabajo firmados entre un sindicato y la representación patronal. 


Por su parte, uno de los jueces denunciados, Enrique Arias Gibert, salió al cruce de la medida y señaló: "No podemos ser juzgados por nuestras sentencias. Yo fallo a favor del Derecho. Estoy obligado a decir la Ley, le guste a quien le guste, y eso no puede ser motivo de denuncia. En tal caso sería policía del pensamiento".


Finalmente, el magistrado acusado, sentenció: "Es la primera vez que me pasa esto desde que soy juez, en 1989. Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias. Desaparecería la división de poderes. La función de la Justicia no es homologar, es evitar la arbitrariedad".

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