La iniciativa ya se debate en comisiones del Senado
El Gobierno Nacional presentó un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental
La propuesta cambia los criterios de internación involuntaria, redefine el rol del médico psiquiatra y busca garantizar una implementación homogénea en todo el país.
El Gobierno Nacional presentó formalmente en el Senado un proyecto de modificación de la Ley N° 26.657 de Salud Mental, que será discutido en las plenarias de las comisiones de Salud y de Legislación General.
La iniciativa busca superar los obstáculos que hoy impiden brindar una respuesta adecuada a las necesidades de los pacientes y garantizar una implementación homogénea en todas las jurisdicciones del país.
Durante la primera jornada informativa, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso los principales puntos del proyecto y respondió dudas y consultas sobre su alcance e implementación.
González explicó que para la elaboración del proyecto se escuchó a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales y referentes de las 24 jurisdicciones, y se concluyó que la ley actual "no funciona adecuadamente".
Uno de los cambios centrales es la modificación de los criterios de internación involuntaria, mediante el cual se propone reemplazar el concepto de "riesgo cierto e inminente" por un criterio situacional, que permita analizar antecedentes y la evolución previsible del paciente.
También se reemplazará el término "padecimiento mental" por "trastorno mental", con el objetivo de precisar las características diagnósticas y evitar errores clínicos.
Otro punto clave es el rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario para determinar internaciones involuntarias.
En casos de urgencia sin presencia de psiquiatra, un médico clínico podrá disponer la internación, que deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.
El proyecto también incorpora la evaluación de pacientes internados voluntariamente antes del alta, la obligación legal de los familiares para acompañar a pacientes externados, y un control judicial durante seis meses posteriores al alta para mejorar la adherencia al tratamiento.
Finalmente, se propone ampliar la red de instituciones: los hospitales generales atenderán casos leves y las instituciones especializadas, los cuadros graves.
Con estas modificaciones, el Ministerio de Salud busca “fortalecer la articulación del sistema y garantizar intervenciones eficaces y responsables frente a las problemáticas de salud mental en todo el país”.
