LIBERTAD SINDICAL

¿Importa el que trabaja?

Somos espectadores de un nuevo conflicto desatado entre algunos sectores sindicales allegados al Moyanismo y el gobierno nacional; y como sucede casi siempre, no todo lo que brilla es oro.
miércoles, 7 de febrero de 2018 · 09:00

Por un lado comienzan a fluir denuncias e investigaciones judiciales que involucran a encumbrados dirigentes sindicales, y como siempre, la pregunta que flota es ¿por qué justo ahora? Algunos dirán que se trata de un accionar independiente de la justicia del que el gobierno es ajeno, y otros sostendrán lo contrario, que la justicia actúa ahora empujada por un gobierno al que le interesa injuriar a quienes se supone defienden a los trabajadores.

Lo que si todos tienen claro, es que muchos dirigentes gremiales se han enriquecido desmedidamente a partir de ocupar cargos en organizaciones de ese carácter, dicho esto sin desmedro de honestos sindicalistas que afortunadamente los hay y muchos.

Por el otro lado, vemos un gobierno nacional que empuja la sanción de nuevas normas que, para algunos, constituirían un retroceso en el reconocimiento de derechos de naturaleza laboral. Y curiosamente, se repite la misma pregunta, ¿por qué justo ahora? Y obviamente también la respuesta será variada, según el pensamiento que cada uno porte se sostendrá que es una medida necesaria para empujar la creación de nuevos empleos y modernizar la economía, en tanto que también se dirá que solo se busca beneficiar a sectores empresariales, desprestigiando a los representantes de los trabajadores.

Lo realmente desafortunado es que se hayan mezclado ambas cosas, aunque esto es lo que ha sucedido históricamente en nuestro país, donde se negociaban privilegios sindicales, a cambio de no conflictividad laboral.

Es legítimo que muchos ciudadanos sientan que tal o cual ley puede afectarlos, y que creyéndolo honestamente actúen en consecuencia defendiendo sus creencias, y también es legítimo que un gobierno entienda necesarias determinadas modificaciones en un sistema que lleva muchos años sin renovarse, precisamente en un mundo donde la característica es la fluidez, tanto del capital como del trabajo, de manera que esto se traduce individualmente, al decir de ZygmuntBauman (Modernidad Líquida) en que “la seguridad a largo plazo es lo último que uno asociaría con el trabajo que desarrolla de momento”

Lo que no resulta conveniente como sociedad es que se confundan ambas cosas, como las dos caras de una moneda única.

Ciertamente es opinable y discutible, según la posición en que cada uno se encuentre, la conveniencia de modificar las normas laborales vigentes. Lo que no puede ser discutible es la necesidad ética que quien se ha beneficiado injustificadamente al ocupar un cargo público o semipúblico, sea sancionado con el peso de la ley.

Y en esto ingresan abiertamente los sindicalistas, o quienes presiden instituciones que gozan de alguna protección legal o privilegios especiales (entre ellas, asociaciones sindicales o profesionales), máxime cuando manejan fondos que son obtenidos compulsivamente de sus afiliados, en virtud de alguna norma legal, sin posibilidad de discusión alguna. Pensemos en el aporte obligatorio que hoy casi todos los convenios colectivos y negociaciones paritarias fijan para afiliados o no afiliados.

Pero para que esta historia no se repita, sería deseable que las asociaciones sindicales adopten principios básicos republicanos, como la no reelección indefinida de los cargos sindicales, y el ágil, público y estricto control de sus fondos.

Por otra parte, también sería importante avanzar en una real libertad sindical. Hoy a nivel mundial, ya no se discute esto. Cada trabajador tiene derecho a participar –si lo desea- en una organización sindical, pero la Argentina ha persistido en mantener un sistema que ha merecido serias observaciones del Comité de Libertad Sindical de la O.I.T., al contraponerse en la práctica a los Convenios 87 (Libertad Sindical y Derecho de sindicación) y 98 (Derecho de sindicación y negociación colectiva).

Y la libertad sindical no debe entenderse como desprotección, sino todo lo contrario. Es inmediatez en la representación, y genuina defensa de los intereses de quienes comparten el trabajo día a día, ya que estos al poder elegir libremente, lo harán por quienes mejor los representen. Pensemos –como existe en muchos países- delegados gremiales que sean elegidos libremente entre sus compañeros, sin necesidad de afiliación previa a ninguna organización. Y esto no implica bregar por la desunión de los trabajadores, para lograr una pérdida de sus derechos, sino todo lo contrario, ya que los delegados así electos (con el apoyo de sus compañeros electores), podrían optar por integrar la asociación sindical que mejores herramientas les dé para defender sus derechos, de manera que el resultado será que estas organizaciones buscarán seducir a los trabajadores con un mejor servicio. De hecho, este sistema deriva en pocas organizaciones sindicales, fuertes, representativas, eficientes y menos corruptas, ya que en caso contrario podrían exponerse a la migración de sus adeptos.

De esta forma, el eje subyacente de cada conflicto, no sería la conservación de privilegios o impunidad para la clase gremial, sino la defensa real de quien trabaja, que en definitiva es lo que importa.

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