Señales económicas y la encrucijada del comercio: ¿Cómo salimos del foco del conflicto?

Argentina atraviesa un ajuste económico sin precedentes. Las medidas implementadas por el gobierno nacional han logrado ciertos objetivos en términos de estabilización monetaria, pero al mismo tiempo han generado una serie de señales distorsivas que afectan a la microeconomía.

El comercio y la industria se encuentran en el foco de la tormenta, fuertemente cuestionados por los consumidores, quienes enfrentan precios relativos altos en comparación con el exterior. Sin embargo, es crucial preguntarnos: ¿es justo poner la lupa sobre el comerciante cuando la estructura de costos ha cambiado de manera drástica?

El dilema del comerciante y del industrial en la economía del ajuste

El presidente Milei ha planteado que su mandato tiene dos objetivos fundamentales: bajar la inflación y generar un cambio cultural que haga irreversible el modelo de libertad económica. Para lograrlo, ha avanzado sobre diversos frentes:

Reducción del Estado: Despidos masivos, cierre de organismos y un recorte del gasto público que busca terminar con el déficit fiscal.

Fin de la distribución discrecional de fondos: Mayor control en la rendición de cuentas y auditorías sobre organismos estatales.

Lucha contra la corrupción estructural en distintos sectores del Estado y la política.

Paralelamente, la gestión ha promovido indicadores favorables que refuercen su relato de éxito:

Los salarios en dólares han aumentado más de tres veces, reflejando un reacomodamiento en términos internacionales, aunque sin considerar que la recomposición no es uniforme en todos los sectores.

Se ha ampliado la apertura de importaciones y franquicias aduaneras, lo que permite a los argentinos acceder a productos del exterior a precios más bajos.

El aumento de tarifas de servicios básicos busca garantizar inversiones en el sector energético para asegurar el desarrollo del país.

El problema es que, en medio de este reordenamiento económico, los pequeños industriales y comerciantes quedan atrapados entre las nuevas reglas de juego y las expectativas de los consumidores.

Los costos han cambiado, pero el comercio sigue en el centro de las críticas

El esquema de producción y comercialización en Argentina venía de una estructura de subsidios cruzados, tarifas congeladas y mecanismos de control de precios que artificialmente amortiguaban los costos. Hoy, esa estructura desapareció, y aunque los precios comienzan a alinearse con parámetros internacionales, los costos internos no han acompañado el mismo ajuste.

Por ejemplo:

Los aumentos de tarifas de servicios públicos han sido abruptos, impactando en industrias y comercios que ahora deben afrontar costos energéticos 10 veces superiores.

La carga laboral sigue representando un peso significativo, con aumentos salariales que si bien mejoran el poder adquisitivo, generan mayores obligaciones sobre sectores que aún no recuperan volumen de ventas. Es imperativo que la mejora en salarios que todas las empresas queremos pagar tenga su contraparte en la reducción de cargas que nada tienen que ver con beneficios para el trabajador.

El alivio fiscal que debería compensar este ajuste aún no ha llegado. El comerciante sigue pagando tasas impositivas que no solo no se reducen, sino que el achicamiento de los Estados provinciales y municipales no se materializa en los plazos en los que las microeconomías puedan superar estos cambios propuestos. Como agravante, la presión de funcionarios busca compensar la caída de ingresos aumentando impuestos locales y señalándonos como responsables de costos que ellos mismos generan.

Datos que importan: impuestos, logística y cargas sociales

Aunque se repita que en Tierra del Fuego no se pagan IVA ni Ganancias, y seamos foco de discursos poco informados de parlamentarios ajenos a nuestra realidad, en la estructura de costos de los productos que se venden en la provincia existe una alta carga impositiva y elevados costos logísticos.

En este contexto de acusaciones cruzadas, compararnos con Chile se ha vuelto un argumento recurrente. Sin embargo, los empresarios en Argentina señalan que el efecto cascada del impuesto a los Ingresos Brutos explica más del 20% del precio de los productos, un costo que en Chile no existe.

Si analizamos las cargas sociales, en Argentina representan aproximadamente un 65% del salario. Lo grave no es solo el porcentaje, sino que gran parte de esas cargas responden a impuestos o intermediaciones que no se traducen en beneficios reales para el trabajador. En Chile, en cambio, el peso de las cargas sociales ronda el 20%, mientras que en Ushuaia ese 65% se aplica sobre salarios que en el comercio son un 80% superiores debido a los acuerdos de zona respecto al convenio nacional.

La logística es otro factor crítico. Los industriales en Argentina han señalado innumerables veces las dificultades de operar en un esquema de transporte con estructuras monopólicas evitables. Un caso insólito lo relató un industrial de Chubut, quien aseguró que paga lo mismo por trasladar su mercadería 1.200 metros desde su fábrica al puerto que por enviarla desde ese puerto hasta China.

En este escenario, los empresarios siempre estarán dispuestos a mejorar condiciones que permitan acelerar su flujo de ventas. Pero cuando los “socios en las sombras” (los políticos) no solo no aportan soluciones, sino que además acusan y señalan con el dedo, el panorama se vuelve cada vez más difícil.

De la pelea bilateral a un abordaje más amplio

El problema es que el debate público sigue atrapado en una pelea bilateral entre consumidores y comerciantes, cuando en realidad los verdaderos factores que distorsionan los precios están en la estructura general de la economía.

Mientras el presidente impulsa su modelo con la promesa de una futura baja impositiva, y mientras la oposición apunta al comercio como responsable de los precios elevados, los empresarios de la microeconomía quedan rehenes de una discusión que no los representa.

Para salir del foco del conflicto, es necesario:

Abandonar la narrativa de la culpa del comerciante y empezar a discutir qué costos estructurales deben corregirse para que la economía se estabilice sin castigar a la producción y al consumo.

Exigir señales claras sobre la reducción impositiva y la reforma laboral que equilibre la presión sobre empleadores y trabajadores sin destruir puestos de trabajo.

Reformular la relación entre Estado, industria y comercio, donde el ajuste no recaiga en quienes sostienen la generación de empleo y valor agregado en la economía real.

En este contexto de transformación, el desafío no es sobrevivir, sino construir un esquema económico sostenible. Para ello, es fundamental que la discusión sobre precios, costos y competitividad se base en realidades económicas y no en simplificaciones que desvían la responsabilidad del problema.