MANEJARON LA PROVINCIA DE 2004 A 2007
Procesaron a ex funcionarios de las gestiones de Colazo y Cóccaro
El fallo corresponde a la causa judicial que investiga una presunta maniobra para cobrarle al Estado provincial unos $6 millones por suministros no entregados entre los años 2000 y 2003. 2 fotos
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La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia confirmó hoy los procesamientos de cinco ex funcionarios -de las gestiones del ex gobernador Jorge Colazo, y su vicegobernador, Hugo Cóccaro-, procesó a otros dos que habían sido sobreseídos en primera instancia, y dictó la falta de mérito del empresario Antonio Javier Celentano.
El fallo corresponde a la causa judicial que investiga una presunta maniobra para cobrarle al Estado provincial unos $6 millones por suministros no entregados entre los años 2000 y 2003.
Precisamente, este último fallo del Tribunal ratificó los procesamientos por el delito de peculado para los ex contadores generales Andrea Fabiana Page y Marcelo Luis Rolfo (que se desempeñaron en la gestión del ex gobernador Jorge Colazo) para el auditor del Tribunal de Cuentas Rafael Aníbal Choren, para el ex Contador General Alfredo Raúl Iglesias y para el ex ministro de Economía Héctor Horacio Sosa (estos dos últimos de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro).
A su vez, revocó los sobreseimientos otorgados en primera instancia por la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo y en su lugar procesó al ex secretario de Hacienda Gabriel Armando Allegro y al ex ministro de Economía Juan Manuel Romano (de la gestión Colazo).
Cabe recordar que en 2005, Colazo fue destituido -e inhabilitado por 10 años- de su cargo público por retención indebida de fondos del municipio de Río Grande y por irregularidades en la ejecución del presupuesto provincial.
El caso
Ocurrió en agosto de 2013, cuando por orden de la ex gobernadora, Fabiana Ríos, el ex ministro de Economía Osvaldo Monti, constituyó una comisión investigadora para analizar los pagos a la empresa Celentano, luego de que la firma iniciara dos juicios contencioso administrativos contra el Estado, reclamando una deuda impaga de cerca de $20 millones.
Esa comisión llegó a la conclusión de que en aproximadamente 100 facturas de las presentadas por el proveedor se habían agregado dos ceros (es decir multiplicado los importes por 100) de manera de "inflar la deuda”, y que por lo tanto, el Estado había pagado por servicios no prestados una suma de alrededor de $10 millones.
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