El Estado fueguino eroga 550 millones anuales para sostener a los dirigentes gremiales

El subsecretario de Asuntos Gremiales del gobierno fueguino, José Luis Álvarez, reveló ayer la suma multimillonaria que se paga anualmente en permisos y licencias que usufructúan los gremios estatales, por acuerdos paritarios rayanos con la violación de la ley de asociaciones sindicales.

La noticia se conoció a raíz de la notificación que envió el funcionario por "exceso de permisos gremiales”, advirtiendo que se procederá a los descuentos.

Observó que dicha práctica "es parte de la herencia recibida de gestiones precedentes”, con el agravante de que "en el gobierno de Ríos se multiplicó la cantidad de gremios reconocidos por el Estado”.

"En 2006 se habían acordado 1.500 horas mensuales pagas, para uso de delegados y/o comisión directiva”, señaló Álvarez, a través de Radio Fueguina.

El Subsecretario de Asuntos Gremiales cuantificó el costo para las arcas públicas, y precisó que "en total en la provincia tenemos 550 millones que se pagan del presupuesto, en permisos y licencias gremiales”, montó que comparó con "el déficit que tenemos en la provincia, que es de 1.250 millones, casi la mitad”.

Si bien no pudo precisar la cantidad de representantes gremiales que se llevan más de 550 millones por año sin trabajar, indicó que "son 25 entidades sindicales en el gobierno, de las cuales solamente cuatro están reconocidas por el Ministerio de Trabajo de Nación”.

"El resto son todas creaciones del decreto provincial 864, firmado por la ex gobernadora Ríos”, señaló, parea anotar luego que "hay sindicatos propios de Energía y Obras Sanitarias que son oficiales también; pero del área de administración central son cuatro solamente”.

"El decreto 864 fue firmado en 2009, después del acuerdo con Yasky, y hasta la CTA tiene créditos gremiales otorgados”, reconoció.

Aclaró que la distribución de los 550 millones no es proporcional a la cantidad de gremios y depende de la estructura de cada una. A la cabeza aparece el SUTEF, que "tiene la comisión provincial, la comisión Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; ATE tiene la comisión provincial, las seccionales de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin; y ATSA tiene una sola seccional provincial”, dijo.

Con 17 mil empleados públicos, según la cifra que aportó el funcionario, por la ley de asociaciones sindicales 23551 "debería haber un delegado cada diez empleados, y dos cada cincuenta; pero no necesariamente se está cumpliendo esto y hay muchos más delegados de lo que especifica la ley”, afirmó.

No pudo dar las razones de esta ilegalidad, que se suma a los excesos que fueron tolerados: "Yo asumí el área en febrero, vi una total irresponsabilidad y la utilización de una herramienta de los sindicatos como herramienta para hacer política. Y se le dieron permisos gremiales a asociaciones con escasez de representatividad”, cuestionó.

Lo cierto es que, a razón de un delegado cada diez, Álvarez admitió que habría unos "1.700 en la administración pública, más las comisiones directivas”, que varían en su número y algunas tienen hasta treinta integrantes.

Los pasos a seguir

Ante el "exceso actual, que no es nuevo”, el funcionario planteó dos alternativas, "o bien rechazar el permiso gremial, o bien descontar el importe correspondiente al día no trabajado”.

"Se pueden hacer las dos cosas”, dijo, porque "el gobierno podría rechazar el permiso gremial, y en este contexto se podría interpretar como un atentado contra la libertad sindical; pero yo creo que no sería prudente”.

Sostuvo, no obstante, que "no corresponde que a fin de mes eso se liquide como horas trabajadas; si no estaríamos desconociendo nuestros propios acuerdos”, sostuvo, por lo cual "la vía a tomar sería considerar excedido el cupo horario y descontar el día no trabajado”.

Fuente: Diario Provincia 23.