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Tierra del Fuego cumplió 26 años como Provincia
El 26 de abril de 1990 la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado convirtiéndose en la ley N° 23775, pero el nuevo presidente, Carlos Menem, vetó parcialmente la ley mediante el decreto 905/90 del 10 de mayo de 1990, borrando del artículo N° 1 toda referencia a los límites. De esta manera la nueva provincia, con los límites que tenía como territorio nacional desde 1957, sin ser especificados por la nueva ley, ni actualizados los límites con Chile.
La Constitución provincial fue sancionada en Ushuaia por los 19 convencionales que la redactaron el 17 de mayo de 1991, entrando en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial el 28 de mayo y siendo jurada el 1 de junio.
El 1 de diciembre de 1991 fue realizada la elección de legisladores nacionales y provinciales, autoridades municipales y de gobernador, pero el 29 de diciembre fue realizada una segunda vuelta electoral en la que fue elegido como primer gobernador provincial el candidato del Movimiento Popular Fueguino, José Estabillo, y el 10 de enero de 1992 fue establecida la provincia con la asunción de las autoridades.
La provincialización del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1990, cuando luego de que el miembro informante en la Cámara de Diputados, Carlos Martín Torres en representación del territorio, expusiera como miembro informante del bloque del PJ y posteriormente se aprobara la Ley 23.775 de Provincialización del último territorio nacional de la República Argentina, logrando así la anhelada provincia grande. Fue una gesta del Peronismo de aquel momento.
El 26 de abril de 1990, la Cámara de Diputados aprobó la Ley 23775, que declaró provincia al territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En 1986, el presidente Raúl Alfonsín había presentado el proyecto de ley que impulsaba la provincialización de este territorio y solicitaba, también, que se incorporara a la Antártida y a las islas del Atlántico Sur, como un ejercicio de soberanía y de afirmación de nuestros derechos sobre dichos territorios.
