Docentes fueguinos participaron en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el SUTEF señalaron que la participación de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo como objetivo “contar la persecución judicial y administrativa que viven los docentes y trabajadores estatales de la provincia”.

Luego relataron que las 9:45 hs inició la audiencia de la que participaron representantes de la OIT, las partes denunciantes y los representantes del Estado Argentino. Las irregularidades en los procesos judiciales contra los dirigentes fueguinos fueron parte de una denuncia presentada por el SUTEF, a través del CELS, la Asociación de Abogados Laboralistas, ANJUT (trabajadores judiciales de Rosario), la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, C.F Trabajadores CGT, Corriente abogados 7 julio y  SIPREBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) por un "cuadro de hostigamiento y criminalización de dirigentes sindicales, la 'intervención' de diversos sindicatos y la estigmatización y persecución de jueces del fuero laboral y de abogados ligados a la defensa de los trabajadores".

En la presentación se realizó una descripción sobre los ataques a "los mecanismos de tutela y protección de los trabajadores y trabajadoras", entre los que se encuentran "la autonomía de las organizaciones sindicales, su libertad para actuar y la seguridad e indemnidad de sus dirigentes elegidos democráticamente”

La delegación argentina en la CIDH denunció múltiples casos entre los que se encuentra la situación del "sindicato provincial docente de Tierra del Fuego (SUTEF) que se enfrenta a un proceso de persecución que involucra a las fuerzas policiales, el poder judicial y el ejecutivo de la provincia”

El siguiente resumen sobre la situación de los dirigentes sindicales fueguinos, que fue parte de la exposición:

"En el marco de una protesta sindical en 2013 las fuerzas policiales reprimieron y un grupo de trabajadores fue imputado penalmente. Tras dos años de un proceso irregular, varios docentes fueron condenados por atentado a la autoridad y lesiones leves. Tras las condenas, la Gobernadora dispuso la exoneración de 17 delegados sindicales, apartándose de la sanción recomendada por el sumario administrativo: que era apenas una suspensión”, se relató en la audiencia.

Manifestando que “Asimismo, varios dirigentes han sido involucrados en procesos penales con el único objeto de intimidar y neutralizar al activismo sindical, con medidas como la prohibición de participar en manifestaciones públicas y la de ingresar a edificios estatales, como la legislatura e incluso las escuelas donde trabajan nuestros representados"

El CELS y las organizaciones argentinas culminaron su exposición solicitando que el Estado argentino “cese en la persecución contra dirigentes sindicales como represalia por el ejercicio de su función de representantes de los trabajadores y en particular por el desarrollo de acciones como la huelga y la protesta”

 También solicitaron que el Estado “garantice la no regresividad en materia de derechos laborales y de seguridad social, garantizar el principio de autonomía sindical y abstenerse de intervenir de manera directa o indirecta en la vida de los sindicatos”.