Esta mañana

Gobierno brindó una conferencia de prensa por el conflicto IPES

Es a raíz de la suspensión de las funciones administrativas del rector y la vicerrectora, que derivó en la apertura de un sumario y la radicación de una denuncia penal."Se trata de una cuestión legal que no va a afectar el prestigio pedagógico del IPES", señaló el ministro de Educación, Diego Romero.
miércoles, 28 de marzo de 2018 · 20:17

Autoridades del Gobierno provincial brindaron -este miércoles- una conferencia de prensa para aclarar los alcances de las medidas adoptadas, con relación a las graves irregularidades detectadas en el accionar de los directivos del IPES “Florentino Ameghino” de Ushuaia.

 

Como ya lo hiciera con anteriordad, el Ministro de Educación, Diego Romero afirmó que esta situación "no va a desprestigiar la calidad educativa del IPES", y volvió a insistir en que se trata de una cuestión "eminentemente legal".

 

"Nosotros no podemos justificar algo desde lo pedagógico y didáctico con las falencias administrativas, porque las tres cosas deben ir de la mano”, expresó, en el marco de la suspensión de funciones administrativas del rector y la vicerrectora de la Institución, que propició la apertura de un sumario y la radicación de una denuncia penal en la Justicia.

 

“También les dije a los alumnos que se queden tranquilos, porque el clima y cultura institucional no va a ser interferida por esta cuestión. Seguramente van a encontrar auditorías y vamos a tratar de que no sea una invasión al normal funcionamiento de la casa de estudios”, amplió Romero.


En tanto, la Secretaria Legal y Técnica, Dra. Gimena Vitali, explicó que la denuncia penal radicada por el Ministro Romero fue "por sugerencia del Servicio Jurídico”, y precisó que, ante irregularidades que puedan constituir un delito, los funcionarios "están obligados" a denunciarlas penalmente.

 

“Los delitos que entendemos presuntamente podrían haberse cometido, son: defraudación contra la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y falsedad ideológica de instrumento público (falsificación de documentos públicos). Estos delitos tienen penas que van de 1 (uno) a 6 (seis) años de prisión,  en tanto que el delito de defraudación a la administración pública prevé la inhabilitación permanente del funcionario o agente”, detalló la abogada.

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