Habrá testeos "sorpresas" por sorteo
Concejo Deliberante aprobó el "control antidoping" para políticos y funcionarios
Será a través de la modificación de la ordenanza que se encontraba adherida a una Ley provincial, la cual no resultaba del todo "eficiente". El costo del análisis correrá por cuenta del funcionario elegido aleatoriamente para el test y, en caso de detectarse la presencia de narcóticos, el protagonista deberá realizar un tratamiento de adicciones.
El Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó este jueves por unanimidad la modificación a la ordenanza que autoriza a realizar controles sorpresivos de drogas a funcionarios municipales y miembros del Concejo.
La propuesta había sido presentada por el concejal Silvio Bocchicchio (ECoS), quien planteaba el cambio a la ordenanza que adhiere a la ley provincial Nº 1233, ya que “por sí sola era inaplicable en el ámbito municipal, con un método vulnerable como el análisis de orina”.
En este sentido y con la anuencia del Cuerpo deliberativo en su totalidad, se definió -en sesión especial- que los controles anitdopajes alcanzarán "desde el cargo del Intendente hasta autoridades de Empresas del Estado, Juzgado de Faltas, Sindicatura General Municipal y Concejo Deliberante".
“Establecimos que los funcionarios deberán realizarse el examen obligatorio de detección de drogas en sangre, u otro método que garantice mayor eficacia de detección. A diferencia de la ley, que imponía un método menos confiable”, destacó Bocchicchio.
En cuanto a detalles precisos de esta normativa, el edil precisó que los funcionarios alcanzados se someterán el examen "de acuerdo al orden establecido por sorteo público", y añadió que deberán realizarlo con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación fehaciente.
"De esta manera, se evita que se pueda especular con los días que las drogas consumidas permanecen en el organismo, y hacerse los análisis cuando le convenga”, apuntó Bocchicchio.
En los casos en que el resultado de los análisis arrojase la presencia de drogas ilegales en el cuerpo, los funcionarios deberán "realizar tratamiento de adicciones" y se les brindará asistencia, "tal como lo establece la ley nacional 26.657”.
El gasto que demanden los análisis correrán por cuenta de cada funcionario, que se someta al examen toxicológico.
