Ex concejal Tomás Bertotto se pronunció “en defensa de la ley 19640”

El ex concejal de Ushuaia, Tomás Bertotto, se pronunció “en defensa de la ley 19.640”, a través de una “Carta Abierta” enviada a la Redacción de este medio, en la que atribuye a la norma de Promoción Económica que rige en la Isla cuestiones estratégicas y geopolíticas, además de económicas y sociales.

Tras recordar la definición “Gobernar es poblar” planteada por “el padre intelectual de la República Argentina, Juan Bautista Alberdi”, el Edil mandato cumplido de Ushuaia consideró que tanto el Comandante Luis Piedrabuena, como el Perito Moreno y el General Roca, “entendieron esa consigna avanzando con el conocimiento y la presencia en los espacios marítimos y terrestres”.

En ese marco, dijo, “en la Tierra del Fuego, la avanzada de la Armada Argentina no era suficiente para construir soberanía”, habida cuenta de que “en 1895, la población del entonces territorio nacional era de 477 habitantes”.

En virtud de ellos, anotó, “la geopolítica indicaba entonces la necesidad de fortalecer la presencia de la Nación Argentina” y que “esa necesidad persiste hoy” porque “Tierra del Fuego fue y sigue siendo la provincia menos poblada del país”.

“El Atlántico Sur, la Antártida y la Patagonia en sí, plantean oportunidades inmensas pero a la vez vulnerabilidades que se transforman en riesgos”, observó Bertotto, quien sostuvo que “la presencia humana y el desarrollo de capacidades nacionales es vital para defender el futuro de la Nación en estos parajes”.

Reconoció, también, que “Tierra del Fuego no es un lugar fácil” sino más bien “un espacio hostil donde el sol se ve poco, hace mucho frío en serio y cada acto de la vida es una proeza”.

Consideró por tanto que esta Provincia “no es un lugar para blandos” y por eso “fue y es un lugar de pioneros y valientes”.

“Los recursos son escasos y la distancia a los centros de consumo impide el desarrollo de industrias o actividades productivas porque los costos de transporte de insumos y de la cadena de distribución imponen una barrera imposible de sostener”, prosiguió, para remarcar luego que “sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay población y sin población no hay soberanía”.

En ese sentido subrayó que “el Régimen de Promoción Especial Fiscal y Aduanera establecido por la Ley 19.640 en 1972 constituyó un hito en el desarrollo de la Isla Grande de Tierra del Fuego” ya que “con ella se construyeron generaciones de habitantes fueguinos que tenían una razón para quedarse”.

“Ese régimen constituyó un activo para la región y para el país en términos geopolíticos”, opinó, porque “significó generar capacidades de desarrollar empleo directo pero también cadenas de valor a través del contenido local que se deriva de las necesidades de vivienda, transporte, consumo de alimentos y vestuario, servicios de salud, educación, seguridad, comunicación, transporte y entretenimiento”.

Por ello señaló que “más allá de haber servido  de sustento de vida directo o indirecto  a más de 50 mil habitantes a lo largo de su historia, la Ley 19.640 construyó comunidad pues permitió el desarrollo de relaciones institucionales, comerciales, sociales, culturales, familiares y de amistad que tejieron una trama que hoy está en el ADN de los fueguinos”.

“Las cadenas de valor construyeron, por encima de todo, identidad nacional y espíritu local allí donde era vulnerable”, añadió; además de que “los proyectos de valor geopolítico más importantes como el Polo Logístico Antártico en Ushuaia o la generación de hidrógeno verde en la zona de Río Grande, necesitan de un modo sine-qua-non de la trama económica que ha construido la Ley 19.640 constituida por pequeñas empresas proveedoras de bienes y servicios”.

Bertotto advirtió que “el retorno de la inversión en la provincia no se da sólo en el sueldo de quienes trabajan en la industria electrónica sino, justamente, la capacidad de contribuir al sostenimiento de otras industrias, obras públicas o emprendimientos”; pero consideró oportuno “preguntarse si la configuración actual de las cadenas de valor apoyadas en la ley son lo óptimo en las presentes circunstancias macroeconómicas del país”.

Consideró luego que “la respuesta (a ese interrogante) es ¡un contundente no!”, porque “es necesario adecuarla a nuevos modelos funcionales de la tecnología, a maximizar el beneficio directo a los trabajadores, optimizar sus cadenas de abastecimiento y distribución y abarcar el creciente espacio de la economía del conocimiento. Es necesario, como todo en la vida, actualizarla”.

“La Ley es una plataforma de experiencia y de sustento inigualable para construir una nueva ley a partir de sus modelos y de la experiencia adquirida”, reflexionó; por lo que consideró que el debate que se instaló tras la polémica propuesta planteada por la Coalición Cívica – Juntos por el Cambio en torno a la 19640, “se transforma en una oportunidad extraordinaria para abrir un espacio de diálogo tendiente a la optimización de la ley”.

Además entendió que “ese diálogo debe generarse no solo desde la perspectiva macroeconómica sino de los impactos reales que genera en los multiples grupos sociales que son afectados por la cadena de valor que la ley genera”.

“Este proyecto de valor pone de relieve, una vez más que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”, avanzó, porque “el gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires concentran los contrastes más importantes de riqueza y de pobreza del país como así también de la centralidad del poder”.

Admitió, no obstante, que “el federalismo se debilita con ese esquema de centralización del poder” porque “las cuestiones que afectan a los fueguinos y su futuro deben dialogarse con los fueguinos” y “no consultarlos significa perder la oportunidad de aprender de la experiencia de 50 años de aplicación de la norma”.

“Mientras ese espacio de diálogo no sea honesta y equitativamente abierto, los fueguinos y quienes los representamos, debemos luchar para sostener una ley que le dio vida e identidad a la provincia más austral del país”, cerró.