"Son inútiles o corruptos", polemizó Pintos
Cuestionan con dureza el beneficio jubilatorio que recibirá De Gamas Soler
El letrado planteó a propósito del procesamiento en el que se vio involucrado el magistrado por la causa AMIA que "mínimamente el que firmó el beneficio podría tener una cierta responsabilidad, por incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público".El abogado Jorge Pintos, conocido por solicitar a comienzos de 2023 la remoción de Javier De Gamas Soler luego de ser procesado por “encubrimiento” en la causa AMIA, confirmó que realizará una presentación con el objetivo de que la Justicia revise el beneficio jubilatorio que le fue concedido a éste días atrás, que generó polémica a nivel provincial y nacional.
“Tomé conocimiento de que se le otorgó el beneficio jubilatorio en virtud de su renuncia. Ante esa circunstancia consulté a las autoridades de la Caja de Previsión de Tierra del Fuego y me lo confirmaron. Es necesario tomar un tipo de medida, no puede quedar la situación de esta manera y avalar con otros actos de corrupción algo que ya era corrupto de por sí”, cuestionó en diálogo con FM Masters.
En consonancia con estas declaraciones, el letrado arremetió contra “los funcionarios que tramitan este tipo de cosas” y disparó que “solamente se los puede encuadrar de dos maneras: o son inútiles o son corruptos”.
“Porque es vox populi todo lo que pasó, está acreditado y hasta se sabe a nivel internacional. Pero acá pretenden mirar para otro lado ante situaciones como estas. Mínimamente el que firmó el beneficio jubilatorio podría tener una cierta responsabilidad por incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público”, cuestionó.
Además Pintos aseguró que “en virtud de que la Caja estaba anoticiada”, él fue el que se encargó de darlo a conocer “a través de un escrito, con una copia, de que existía una actuación de ese tipo con respecto a De Gamas Soler”.
“Creo que la prudencia ante una situación como esta ameritaba que antes de otorgarle el beneficio, le preguntaran e hicieran una consulta formal al Consejo de la Magistratura para verificar la tramitación. Porque la ley establece que se deben suspender las actuaciones administrativas hasta tanto el Consejo resuelva”, expuso.