La Patagonia entera se levanta contra el Gobierno: "Se juega la existencia misma de la República Argentina" 

Los gobernadores de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se solidarizaron con el gobernador de Chubut Ignacio Torres y el pueblo chubutense, luego de la determinación de Nación de retenerle una multimillonaria cifra de fondos coparticipables, y asegurarón que "ningún gobernador lo va a consentir ni permitir, porque se juega la existencia misma de la República Argentina". 

El polémico asunto que ya se convirtió en notcia nacional tiene que ver con que, según el mandatario de Chubut, el Gobierno central le retuvo "13.500 millones de pesos ilegalmente", lo cual representa más de un tercio de la coparticipación mensual en la provincia petrolera.

"Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", expresó Torres públicamente, quien obtuvo el respaldo unánime de sus pares patagónicos de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Repudiamos tajantemente los embates contra la provincia hermana Chubut, solidarizándonos con el Gobernador @NachoTorresCH y el pueblo chubutense.@lapatagonia_ar https://t.co/hnbtUK8Z66

— Gustavo Melella (@gustavomelella) February 23, 2024

En este sentido, el mandatario chubutense lanzó un ultimátum directamente a la Casa Rosada, con que "si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas".

Mientras tanto, los seis gobernadores firmaron un documento conjunto, que difundieron públicamente a todo el país:

"Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación dedefender sus intereses.

Hoy la provincia del Chubut está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Omnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual.

No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo.

También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron.

Por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut decretó la ilegalidad de la quita. No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA.

Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos. Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut.

No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburiferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen.

Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas.

Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir, porque se juega la existencia misma de la República Argentina.