POLÉMICA POR FONDOS PRODUCTIVOS "FAMP"
Tierra del Fuego: Toto Caputo decide sobre u$s200 millones que debían diversificar la matriz productiva
El Gobierno nacional eliminó la obligación de aportar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), dejando en aire el destino de unos u$s200 millones que estaban destinados a impulsar proyectos productivos.
¿Qué pasó con los u$s200 millones?
El Ejecutivo nacional, bajo la gestión del ministro Toto Caputo, suspendió el aporte obligatorio que las empresas radicadas en Tierra del Fuego realizaban al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP). Ese aporte provenía de un porcentaje del IVA que estaba destinado a financiar nuevos proyectos productivos fuera del régimen tradicional de promoción industrial.
Resultado inmediato: el fondo ya no recibirá nuevos ingresos y los casi u$s200 millones acumulados quedaron bajo la administración del fideicomiso sin un plan claro para ejecución. El objetivo original era financiar obras públicas, invertir en sectores como logística, turismo o economía del conocimiento y diversificar la base productiva fueguina; ahora ese horizonte estaría en duda.
Impacto en proyectos y empleo
Solo cuatro proyectos han recibido financiamiento hasta ahora, y la mayoría de iniciativas aprobadas –como depósitos logísticos, emprendimientos pesqueros y turísticos– no avanzaron más allá de una fase preliminar por falta de recursos.
Entre los proyectos con algún movimiento se encuentran:
La construcción de un hotel cinco estrellas en Ushuaia por parte de Grupo Mirgor junto a una cadena internacional.
Obras públicas, como una central eléctrica en Ushuaia y el Parque Industrial del Cincuentenario en Tolhuin, que siguen ejecutándose.
Controversia política y económica
La eliminación del aporte al FAMP se produjo en el marco de cambios más amplios en los incentivos fiscales a Tierra del Fuego. El Gobierno justificó la decisión argumentando una crisis de competitividad en las empresas electrónicas de la isla, pero críticas locales señalarían que la medida concentra los beneficios en grandes grupos empresariales y desatiende la diversificación productiva y el empleo regional.
La medida forma parte de una reconfiguración del régimen de promoción industrial que afecta incentivos, aranceles y alícuotas, con repercusiones directas sobre la estructura productiva y las expectativas de inversión en la provincia.
