GASTO SERÁ AFRONTADO CON FONDOS DEL TESORO
Puerto de Ushuaia: la provincia contrató a un constitucionalista para representación ante la Corte
Se trata del constitucionalista Antonio María Hernández, quien actuará como letrado patrocinante en la causa iniciada contra la Anpyn; deberá intervenir en la estrategia judicial y realizar las presentaciones necesarias ante la Corte Suprema, mientras que el Gobierno provincial será el encargado de impartir las instrucciones respecto de la posición legal a sostener en la causa.
El Gobierno de Tierra del Fuego oficializó la contratación directa del abogado constitucionalista Antonio María Hernández para representar a la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa judicial iniciada contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) tras la intervención dictada por aquel organismo en enero pasado para con el puerto de Ushuaia.
La medida fue formalizada mediante la Resolución de Secretaría de Coordinación Legal N° 04/2026, y está firmada el 15 de mayo por la secretaria de Coordinación Legal, Mariangeles Arroyo. Se publicó en la edición del 19 de mayo en el Boletín Oficial.
Según surge de la resolución, Hernández fue contratado como “letrado patrocinante de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en los autos caratulados “Provincia de Tierra del Fuego c/ Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad”.
El expediente judicial tramita bajo el número FCR 90/2026 y está vinculado a la presentación realizada por la provincia contra decisiones adoptadas por el organismo nacional portuario. En cuanto a la contratación de este jurista, se realizó bajo la modalidad de adjudicación simple y prevé un pago mensual de un millón de pesos durante seis meses, por un total de 6 millones de pesos.
En los considerandos de la resolución se indica que el abogado fue convocado “por su reconocimientos y experiencia profesional” en materia constitucional.
Se esgrime que la oferta económica presentada “no resultó inconveniente para el Estado Provincial”, encuadrándose dentro de los parámetros previstos por la normativa vigente.
El contrato aprobado establece que Hernández deberá intervenir en la estrategia judicial y realizar las presentaciones necesarias ante la Corte Suprema, mientras que el Gobierno provincial será el encargado de impartir las instrucciones respecto de la posición legal a sostener en la causa.
Los pagos se efectuarán contra presentación de factura y certificación de servicios prestados, debiendo emitirse un informe mensual sobre las tareas realizadas. La resolución señala además que el gasto será afrontado "con fondos del Tesoro Provincial" y que existe partida presupuestaria disponible para cubrir la mentada contratación.
