La Justicia dejó firme el decomiso de 111 bienes a Cristina y Lázaro Baéz por la Causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el decomiso de 111 bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad, decisión que podría acelerar el proceso de recuperación de activos ordenado en la sentencia que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho acusados por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

La resolución rechaza un planteo presentado por la defensa de la exmandataria contra la ejecución de los bienes alcanzados por la medida de decomiso y ratifica el criterio adoptado previamente por el Tribunal Oral Federal que intervino en el caso.

Según trascendió en medios nacionales, entre los bienes incluidos en el listado hay 20 vinculados a la familia Kirchner y 84 pertenecientes al empresario Lázaro Báez. Del total atribuido a la familia de la ex presidenta, uno figura a nombre de CFKy los restantes están registrados a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La discusión judicial giró en torno a si parte de esos activos, incorporados mediante procesos sucesorios y transferencias hereditarias, podían quedar alcanzados por el decomiso ordenado en la sentencia. Sin embargo, la mayoría de los jueces de Casación consideró que esos bienes también deben formar parte de la ejecución patrimonial dispuesta en el expediente.

La decisión se produce cuando está próximo a cumplirse un año de la confirmación definitiva de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida el 10 de junio de 2025 contra la dos veces ex mandataria, quien purga la misma bajo domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.

Con la sentencia ya firme, en ámbitos judiciales sostienen que no existirían obstáculos para avanzar con la ejecución patrimonial de los bienes decomisados, independientemente de que la defensa de Cristina Kirchner presente un recurso de queja ante la Corte Suprema.

La Cámara de Casación entendió que "no existe una cuestión constitucional que justifique la apertura de una nueva instancia extraordinaria" sobre este punto y que la discusión sobre la condena ya fue resuelta por el máximo tribunal.

El decomiso constituye una de las consecuencias previstas en la condena penal y tiene como finalidad recuperar bienes y activos considerados producto o consecuencia de los delitos investigados.

En este caso, además de las penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia contempla la recuperación patrimonial mediante la afectación de bienes de los condenados, quienes responden de manera solidaria por el monto fijado por la Justicia.

No obstante, la última palabra respecto de la ejecución efectiva de esos bienes podría quedar en manos de la Corte Suprema. Es que es el máximo tribunal el organismo encargado de administrar los bienes decomisados y quien deberá resolver si avanza con su disposición, eventual remate o asignación a organismos públicos, o si espera la resolución de los recursos que aún puedan presentar las defensas.