Marcha atrás de Nación

Victoria fueguina: No habrá Ordenamiento Territorial Pesquero en el Atlántico Sur

Se trata de la polémica iniciativa del Gobierno central que ponía en serio riesgo la soberanía marítima y territorial de la Argentina, ya que legitimaba al Reino Unido como estado ribereño en zona de Malvinas. El retroceso y la no creación de este organismo fue posible gracias a las presentaciones y gestiones encabezadas por la gobernadora Rosana Bertone.
miércoles, 15 de mayo de 2019 · 20:40

El canciller Jorge Faurie admitió, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que el Gobierno Nacional no avanzará en la creación de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero en el Atlántico Sur, lo cual generaba una situación que socavaba la soberanía territorial y marítima de la República Argentina, en este crucial y estratégico sector.

 

La creación de dicho organismo hubiera significado legitimar al Reino Unido como Estado ribereño y obtener, por consiguiente, el reconocimiento como tal por parte de otros Estados miembros. Sin embargo, las gestiones realizadas por la gobernadora Rosana Bertone -junto a los legisladores nacionales- en defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas dieron resultados positivos, y obligaron a la Casa Rosada a dar marcha atrás en el asunto.


Días atrás y por expresa instrucción de la mandataria, el secretario de Estado para la Cuestión Malvinas, Jorge Argüello, había solicitado también una reunión a la Subsecretaría de Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación para obtener explicaciones. Encuentro que no pudo concretarse, al no haber en la Cancillería ninguna autoridad relativa a la Cuestión Malvinas.

 

A su vez, los senadores nacionales le manifestaron a Faurier que era “incomprensible” que el gobierno fueguino debiera enterarse por trascendidos de la reunión mantenida el viernes 10 de mayo en la Cancillería, en donde se analizó avanzar con la creación de una OROP en el Atlántico Sur. Esto, siendo que la provincia de Tierra del Fuego, a la cual pertenecen integralmente las Islas Malvinas, creó una Secretaría de Estado -de común acuerdo entre la gobernadora y el canciller-, a los efectos que los fueguinos tengan voz en todo lo relativo a Malvinas.

 

Frente a los cuestionamientos, Faurie manifestó no estar de acuerdo con la propuesta, al considerar que esta "infringe las atribuciones propias del Poder Ejecutivo", buscando evitar de esta manera que el Congreso de la Nación apruebe o deseche todos los acuerdos relativos a la Cuestión Malvinas.

 

En este sentido, el alto funcionario de la Casa Rosada llegó a realizar una insólita comparación de la Cuestión Malvinas, con los posibles reclamos que -por ejemplo- podría realizar la provincia de Misiones respecto a la yerba mate.

 

Asimismo, el canciller indicó que la adjudicación de zonas para exploración de hidrocarburos a empresas británicas y/o a empresas que en el pasado hayan intervenido en la exploración ilegal en la zona de las Islas Malvinas “no viola la ley 26.659 ni ninguna otra ley”, manifestando que dicha normativa entró en vigor en el 2011.

 

Expuso que la participación de estas empresas en el área en disputa fue en el año 2007, apelando de esta forma a la irretroactividad de las leyes, sin importar el hecho inadmisible y de extrema peligrosidad para la Argentina de que empresas británicas obtengan áreas de exploración en cercanía a las Islas Malvinas.

 

Esto último generaba que la exploración de vastos sectores de la plataforma continental argentina quedase en cabeza exclusiva de compañías británicas, ya sea porque obtuvieron su licencia legalmente a través del gobierno nacional, o ilegalmente, a través del ilegítimo gobierno británico de las islas Malvinas.
 

Comentarios