El Gobierno provincial busca agilizar el cobro a obras sociales y prepagas

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judith Di Giglio, explicó en Aire Libre FM cómo se aplicará la actualización de la Ley Provincial N°1004, una norma clave que regula el cobro de prestaciones de salud que el sistema público brinda a obras sociales y empresas de medicina prepaga. El eje central de la modificación apunta a mejorar el recupero de fondos para los hospitales públicos y acelerar los mecanismos legales frente a deudas impagas.

Di Giglio recordó que la ley no es nueva, sino que está vigente desde hace años, y establece que los recursos recuperados por facturación no ingresan al Tesoro provincial, sino que quedan directamente en manos de los hospitales de Ushuaia y Río Grande. “Son fondos que administra cada hospital y que vuelven al propio sistema de salud”, remarcó, subrayando que ese dinero es clave para sostener prestaciones, equipamiento e insumos.

Uno de los cambios centrales tiene que ver con el nomenclador provincial, que pasará a ser el instrumento obligatorio para facturar a todas las obras sociales y prepagas, sin necesidad de firmar convenios particulares. “Como sucede en otras provincias, el nomenclador será el convenio en sí mismo”, explicó la ministra, con la única excepción de PAMI, que mantiene un esquema propio a nivel nacional.

Otro punto fuerte de la actualización es la posibilidad de ejecutar deudas de manera más rápida, a través de procesos judiciales abreviados o juicios ejecutivos. Según Di Giglio, esto permitirá acortar los tiempos frente a obras sociales que incumplen sistemáticamente con los pagos, afectando la previsibilidad financiera del sistema público.

En cuanto a los números, la ministra destacó que durante este año los hospitales lograron recuperar entre el 40% y el 50% de lo facturado mensualmente, un nivel de cobrabilidad que —según señaló— “nunca antes se había alcanzado”. No obstante, reconoció que las deudas siguen siendo elevadas. La obra social provincial OSEF mantiene pasivos que rondan entre los 2.000 y 2.500 millones de pesos por hospital, aunque aclaró que se trata de una deuda consolidada y en proceso de pago regular.

Más preocupante, indicó, es la situación de algunas obras sociales nacionales. Mencionó el caso de Unión Personal (UPCN), que acumula deudas superiores a los 1.100 millones de pesos entre ambos hospitales y que, según afirmó, no realiza pagos desde hace más de un año. También citó pasivos significativos de OSECAC, UOM, OSUTHGRA e IOSFA.

Respecto de PAMI, Di Giglio aclaró que si bien la deuda ronda los 500 a 600 millones por hospital, se trata mayormente de deuda corriente, ya que el organismo nacional realiza pagos todos los meses. “No es morosidad histórica, sino el flujo habitual de facturación y pago”, explicó.

Durante la entrevista, la ministra defendió el rol del sistema público de salud frente a las comparaciones con el sector privado, especialmente en relación con el acceso a turnos con especialistas. Señaló que el hospital público atiende todo el abanico del sistema: prevención, vacunación, emergencias, internaciones complejas y rehabilitación, además de ser el principal efector para personas sin cobertura y para patologías de alta complejidad.

“Siempre hay cosas por mejorar”, admitió Di Giglio, y reconoció que la falta de recursos humanos es un problema estructural a nivel nacional. Sin embargo, insistió en que fortalecer el recupero de fondos es una condición necesaria para sostener y ampliar el sistema público.