Referente de Amnistía dijo que se deben "arbitrar todos los mecanismos para un equipo que realice los abortos"

La Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, reconoció el progreso de la provincia en la implementación de la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, puntualmente en el consultorio que presta atención en Ushuaia, no obstante lo cual sostuvo que Río Grande continúa poniendo obstáculos a las mujeres para acceder a esta práctica de forma legal y segura. 

“Quiero subrayar que para el marco legal eso de ninguna exime la responsabilidad del Estado de garantizar la IVE. En este caso es el Ministerio de Salud, a través de sus efectores y políticas, el que debe arbitrar todos los mecanismos necesarios para que haya un equipo en el hospital que realice los abortos”, agregó la referente por FM Master's.

Además, aclaró que la organización interpuso un recurso administrativo solicitando que el servicio que se presta en la capital de la provincia sea jerarquizado y aparezca dentro del organigrama del sistema de sanidad de Tierra del Fuego para darle respaldo a los profesionales que se desempeñan allí. “Tenemos que cuidar a los equipos que trabajan bien”, remarcó.     

“En Ushuaia pudimos documentar que hay un esfuerzo articulado de unos poquitos profesionales de la salud que, a pulmón y con el compromiso con las mujeres, procuran garantizar que las personas gestantes accedan a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, hemos visto obstáculos para la comunidad de Río Grande, ya que todo el plantel del hospital se ha declarado bajo la objeción de conciencia” explicó García Rey.