PRESENTA CAMBIOS EN MATERIA LEGISLATIVO Y ELECTORAL
Fabiana Ríos presentó el Proyecto de Reforma Constitucional
Cabe recordar que la Primera Mandataria manifestó en el discurso brindado en el marco del inicio del XXI periodo de sesiones legislativas, que el mismo iba a ser remitido en el transcurso de la semana pasada.
La Gobernadora Fabiana Ríos envió a la Legislatura el Proyecto de reforma parcial de la Constitución Provincial. Cabe recordar que la Primera Mandataria manifestó en el discurso brindado en el marco del inicio del XXI periodo de sesiones legislativas, que el mismo iba a ser remitido en el transcurso de la semana pasada.
En materia económica, se destaca la posibilidad de "establecer que el Estado Provincial podrá intervenir en la actividad privada, comercial o industrial, efectuar control de precios y asociarse con capitales privados o mixtos y constituir sociedades conforme a las leyes, hasta donde sea compatible con el desarrollo y bienestar general de la población”.
Por otro lado, se aumenta el número de Legisladores a 17, se deja establecido que de ser reelectos, no pueden volver a ser elegidos para el cargo sino con el intervalo de un período legal y la renovación de la Cámara se renovará mitad cada dos años.
El proyecto propone una nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el que está integrado por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un Ministro del Poder Ejecutivo, dos Legisladores, dos Magistrados, dos abogados, dos trabajadores del Poder Judicial de la Provincia y un ciudadano de la forma y con las condiciones que establezca la ley.
En materia electoral plantea que las elecciones ordinarias se efectuarán dentro de los tres meses anteriores a la conclusión de los mandatos en ejercicio y podrán coincidir con las elecciones nacionales y el sufragio con boleta única y de distintos colores para las diferentes categorías de cargos a cubrir o voto electrónico.
En la fundamentación, la Gobernadora hace referencia a que en el momento de ser sancionada, "no había sucedido aún la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la crisis de 2001, con la caída de las instituciones y el sistema económico argentino. No se había hundido el país en la pobreza y la desocupación, no había sucedido entonces la caída de los mercados de 2008”.
Agregando que, "en los años que siguieron al surgimiento de la provincia y sus instituciones, tuvimos nuestras propias experiencias sociales y políticas, algunas constructivas, otras traumáticas. Las atravesamos teniendo como referencia los principios ordenatorios que fijaba nuestra Constitución, que fueron pensados mirando al futuro, adelantando discusiones que se darían luego nacionalmente, apostando a la construcción de instituciones nuevas en una sociedad que debía construirlas”.
Cabe destacar que, "hubieron cuestiones que se plantearon en la Constitución de 1991 que han evolucionado, otras que simplemente dificultan el accionar del Estado, otras que no han contemplado la participación ciudadana, otras ni siquiera eran problematizadas por entonces”.
"Parte del ordenamiento que estableció la constitución fue pensado teóricamente y el transitar institucional ha demostrado la necesidad de revisarlo y modificarlo. En otros casos los plazos fijados han resultado ser inconvenientes para garantizar la estabilidad institucional cuando no han sido utilizados en desmedro de los intereses ciudadanos”, agrega el texto.
Por último el escrito plantea que "creemos francamente que es el tiempo de revisar los hechos que han sido los cimientos de esa edificación social que construimos y que podemos plantear su adecuación. Han transcurrido casi 23 años de vida institucional y hay una experiencia acumulada que debe ser evaluada”.
En materia económica, se destaca la posibilidad de "establecer que el Estado Provincial podrá intervenir en la actividad privada, comercial o industrial, efectuar control de precios y asociarse con capitales privados o mixtos y constituir sociedades conforme a las leyes, hasta donde sea compatible con el desarrollo y bienestar general de la población”.
Por otro lado, se aumenta el número de Legisladores a 17, se deja establecido que de ser reelectos, no pueden volver a ser elegidos para el cargo sino con el intervalo de un período legal y la renovación de la Cámara se renovará mitad cada dos años.
El proyecto propone una nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el que está integrado por un miembro del Superior Tribunal de Justicia, un Ministro del Poder Ejecutivo, dos Legisladores, dos Magistrados, dos abogados, dos trabajadores del Poder Judicial de la Provincia y un ciudadano de la forma y con las condiciones que establezca la ley.
En materia electoral plantea que las elecciones ordinarias se efectuarán dentro de los tres meses anteriores a la conclusión de los mandatos en ejercicio y podrán coincidir con las elecciones nacionales y el sufragio con boleta única y de distintos colores para las diferentes categorías de cargos a cubrir o voto electrónico.
En la fundamentación, la Gobernadora hace referencia a que en el momento de ser sancionada, "no había sucedido aún la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la crisis de 2001, con la caída de las instituciones y el sistema económico argentino. No se había hundido el país en la pobreza y la desocupación, no había sucedido entonces la caída de los mercados de 2008”.
Agregando que, "en los años que siguieron al surgimiento de la provincia y sus instituciones, tuvimos nuestras propias experiencias sociales y políticas, algunas constructivas, otras traumáticas. Las atravesamos teniendo como referencia los principios ordenatorios que fijaba nuestra Constitución, que fueron pensados mirando al futuro, adelantando discusiones que se darían luego nacionalmente, apostando a la construcción de instituciones nuevas en una sociedad que debía construirlas”.
Cabe destacar que, "hubieron cuestiones que se plantearon en la Constitución de 1991 que han evolucionado, otras que simplemente dificultan el accionar del Estado, otras que no han contemplado la participación ciudadana, otras ni siquiera eran problematizadas por entonces”.
"Parte del ordenamiento que estableció la constitución fue pensado teóricamente y el transitar institucional ha demostrado la necesidad de revisarlo y modificarlo. En otros casos los plazos fijados han resultado ser inconvenientes para garantizar la estabilidad institucional cuando no han sido utilizados en desmedro de los intereses ciudadanos”, agrega el texto.
Por último el escrito plantea que "creemos francamente que es el tiempo de revisar los hechos que han sido los cimientos de esa edificación social que construimos y que podemos plantear su adecuación. Han transcurrido casi 23 años de vida institucional y hay una experiencia acumulada que debe ser evaluada”.
