A través de un decreto
TDF adhirió a la Ley Nacional para personas trasplantadas
Además, las personas en condiciones de vulnerabilidad que sean beneficiarias del sistema, tendrán preferencia para el acceso a una vivienda, ante el IPV.
El Gobierno de Tierra del Fuego adhirió -este miércoles- a la Ley Nacional Nº 26.928, que crea el Sistema de Protección Integral para personas que hayan recibido un trasplante, o estén en la lista de espera de órganos.
Dicha Ley, estipula que pueden acceder a este sistema "aquellos ciudadanos quienes estén inscriptos en el Registro Nacional de Procuración Y Trasplante, o se encuentren en lista de espera para trasplantes", bajo el Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).
A raíz de esta adhesión, el Gobierno Provincial debe articular con el Estado Nacional "las acciones para garantizar las prestaciones médicas previstas por la Ley" -a través del Ministerio de Salud- con el asesoramiento del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de la Provincia (CUCAI).
Por su parte, la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), deberá avalar la cobertura del 100% (cien por ciento) a sus afiliados, alcanzados por la Ley.
El coordinador Jurisdiccional de Trasplante del CUCAI TDF, Dr. Eduardo Serra, destacó la adhesión a esta Ley y explicó que la normativa estipula "una determinada cantidad de beneficios para los pacientes" y amplió con que, aunque ya se contaban con algunos previamente, "desde el momento que están reglamentados se hacen más visibles".
Por su parte, la legisladora Marcela Gómez, quien presentó el proyecto para la adhesión provincial, señaló que las personas trasplantadas "vuelven a reinsertarse en la sociedad con sus empleos", por lo que consideró importante trabajar "para que tengan una cobertura total".
Además, las personas en condiciones de vulnerabilidad que sean beneficiarias del sistema, tendrán preferencia en el acceso a una solución habitacional ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), acreditando los requisitos exigidos por la Provincia para todos los inscriptos.
Finalmente, se dejó de manifiesto que los entes gubernamentales deberán "garantizar, incentivar, y promover programas de empleo", para las personas comprendidas por esta Ley.
