TDF rechazó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental que pretende el gobierno de Milei

Organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia, distintos sectores de la comunidad analizaron -en una multitudinaria asamblea- los impactos negativos del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno Nacional.

De dicho encuentro -que fue realizado en el Salón del IPRA de Ushuaia- surgió un petitorio que será elevado al Congreso Nacional a través del gobernador de la Provincia, Gustavo Melella. 

La asamblea fue presidida por la ministra de Salud de la Provincia, Judit Di Giglio, y coordinada por el Secretario de Salud Mental y Consumos Problemáticos, David De Piero. 

Cabe destacar que a la convocatoria concurrieron profesionales de la salud -tanto pública como privada-, integrantes del Poder Judicial y representantes de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

También se hicieron presentes (de manera virtual) trabajadores de la Casa Tierra del Fuego, miembros de ONGs, de asociaciones de derechos humanos e integrantes del órgano de Revisión de Salud Mental así como familiares y usuarios de Salud Mental. 

Durante la asamblea se problematizaron los ocho artículos que el Gobierno Nacional pretende reformar de la ley de Salud Mental. 

Cabe señalar que a los presentes en el Salón del IPRA, se le sumó un centenar de personas, que siguió las instancias de forma virtual de la asamblea a través de un link abierto de video chat.

La doctora Di Giglio destacó “la gran participación de la comunidad en la charla abierta para analizar los cambios propuestos a la ley de salud mental”, y reconoció que “nunca imaginamos tanta participación de la gente”.

Cabe observar que los polémicos cambios están incluidos en el proyecto de “Ley Ómnibus” que se debatirá en la prórroga del periodo ordinario de sesiones en el Congreso Nacional.

Durante el encuentro se subrayaron los aspectos inconstitucionales de la reforma y el retroceso normativo que representa para el cuidado de la Salud Mental; y también se advirtió que “derogar las bases del actual sistema normativo implicaría abandonar el compromiso de construir una Salud Mental comunitaria que busque integración”.

De Piero advirtió que “los cambios impactarían negativamente en los procesos de desmanicomialización, desjudicialización e interdisciplina planteados en las políticas de salud mental y consumos problemáticos que se vienen desarrollando a nivel nacional”.