Previo al debate en la Legislatura

Alertan que la emergencia penitenciaria en Tierra del Fuego perjudicaría la situación de los presos

A través de un duro comunicado, la multisectorial de D.D.H.H de Río Grande vaticinó que también podrían verse afectados los derechos y libertades de los vecinos al comparar datos sobre iniciativas similares que rigen en otras provincias y países de la región.
martes, 28 de mayo de 2024 · 11:56

La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande advirtió sobre las consecuencias que podrían traerle a las personas privadas de su libertad los dos proyectos -que se comenzarán a tratar mañana en la Legislatura- con el objetivo de declarar la emergencia penitenciaria en la provincia.

 

La organización alertó que el primer proyecto abre la peligrosa puerta de transformar en servicios los derechos que se deberían brindar por parte del Estado provincial en las cárceles. Mientras que el segundo impulsa la adhesión a la Ley 26.052, que plantea una reforma a la Ley 23.737, con la desfederalización de la misma al dar competencia a juzgados y policía local, en los hechos donde se podría incurrir en alguna violación a la ley de estupefacientes.

 

“Respecto del proyecto de Ley de Emergencia de la Infraestructura de las Unidades de Detención Provinciales queremos advertir que, bajo la excusa de pretender resolver las graves falencias que tiene el sistema penitenciario por exclusiva responsabilidad de los tres poderes del estado, se abre una puerta a sectores privados que buscarán hacer un negocio con la privación de la libertad de las personas”, manifestaron a través de un contundente comunicado titulado “La Legislatura intenta resolver viejos problemas con recetas condenadas al fracaso”.

 

 

 

También vaticinaron que podrían verse afectados los derechos y libertades de los vecinos en TDF, y que en relación al Proyecto sobre Desfederalización “los datos dicen que en las provincias donde se aprobaron iniciativas similares solo sirvió para profundizar la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, de personas detenidas por narcomenudeo o por consumo”.

      

“Esa situación se dio, según las fuentes consultadas, con mayor gravedad y especial impacto en el colectivo de mujeres cis y trans. Según un informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, hacia diciembre del 2016, el 61% de las mujeres cis se encontraba detenida por delitos vinculados a drogas y en el caso de las mujeres trans el porcentaje se elevaba al 70%”, plantearon.

 

En consonancia con lo anterior agregaron: “los datos recolectados por esta Multisectorial indican que la mayoría de las detenciones producidas en las provincias donde se avanzó con la desfederalización, fueron por intervención policial directa, sin orden judicial alguna. Apuntando, fundamentalmente, a la persecución de consumidores y no a las personas que estuvieran relacionadas con organizaciones dedicadas a la distribución y comercialización de estupefacientes, mucho menos a quienes financian dichas organizaciones”.

 

Por estas razones solicitaron a los legisladores que tomen en cuenta los reclamos planteados, teniendo en cuenta la necesidad de resolver los verdaderos problemas de fondo que tiene la comunidad fueguina, sacando el foco de proyectos que “solo servirán para profundizar esos problemas, lograr titulares en algunos medios y alimentar el ego”.

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