Gobierno fueguino vetó ley que incrementaba coparticipación municipal sobre regalías hidrocarburíferas

El Poder Ejecutivo de la Provincia vetó totalmente el Proyecto de Ley sancionado por la Legislatura Provincial, mediante el cual se incrementa la coparticipación municipal sobre las regalías hidrocarburiferas a un 28 por ciento.

El decreto se publicó este 13 de enero en el Boletín Oficial con las firmas de la vicegobernadora Urquiza (en ejercicio del P.E.P) y de la ministro Castillo. Se trata del proyecto de ley sancionado en Legislatura en la sesión del 22 de diciembre último, donde se sustituye el inciso c) del artículo 4 de la Ley 892.

En los considerandos del decreto se lee y argumenta que el proyecto de ley sancionado "carece de fundamentos sólidos debidamente documentados mediante informes técnicos suficientes que lo respalden, a raíz de la ausencia de estudios de impacto económico, ambiental o sobre reservas; circunstancia expone a la Provincia a riesgos de inestabilidad en su matriz productiva".

A su vez plantea que al respecto se observa que el mismo fue tratado sobre tablas "como consecuencia de un presunto beneficio fiscal sobre las regalías en el Acuerdo de Prórroga ratificado mediante Ley Provincial N° 1605".

Explica que se advierte que el Acuerdo de Prórroga recientemente suscripto sobre la concesión de las Áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y Tierra del Fuego - Secciones A, B, C, Dy E y ratificado mediante Decreto Provincial N° 2705/25 y Ley Provincial N° 1605 "sostiene el esquema de regalías del convenio original celebrado con la firma Y.P.F. S.A".

Agrega que al respecto se ha expedido el Ministerio de Economía, "señalando que promulgación del proyecto que pretende un incremento en la coparticipación sobre las regalías hidrocarburiferas pondría en riesgo el cumplimiento de la Provincia en compromisos asumidos, dado que los ingresos financieros percibidos en este concepto se encuentran afectados al cumplimiento de obligaciones, como la deuda externa contraída por el Poder Ejecutivo durante el ejercicio 2017 y recientemente reestructurada".

Indica en tanto que dicha cartera resaltó que el proyecto en cuestión "compromete ingresos provinciales estratégicos, desdibujando el actual régimen de coparticipación en cuanto a las regalías hidrocarburiferas, el cual fue concebido como un esquema orientado a preservar dichos recursos como un componente central de la estructura financiera provincial, atendiendo al sostenimiento de los servicios públicos de competencia de la Provincia".

Informa que por otra parte ha tomado intervención la Agencia de Recaudación Fueguina, "manifestando que la medida propuesta resulta a todas luces desproporcional"; que al respecto señaló que "incluso en el hipotético escenario de haberse aplicado algún tipo de beneficio impositivo a favor de Terra Ignis Energía S.A., la perdida en términos reales para los municipios implicaría aproximadamente 1.379.089 USD durante el tiempo de vigencia de la prórroga, mientras que el incremento pretendido significa una suba de 14.701.626 USD, cifra que excede con creces cualquier potencial detracción, resultando absurda e incongruente a la realidad económica del acuerdo celebrado".

Dice también que la Constitución Nacional establece en su articulo N° 75 inciso 2 que la distribución de la coparticipación deberá efectuarse "bajo criterios objetivos de reparto y que deberá ser equitativa y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional; imponiendo asi al sistema de coparticipación una serie de principios, tales como la solidaridad, la equidad y la objetividad".

Infiere a la vez que "establece que el régimen de coparticipación debe ser acorde a las competencias, servicios y funciones de cada jurisdicción, debiendo enfatizar sobre aquellas competencias que le atañen en forma exclusiva a la Provincia, en cuanto a la prestación de servicios públicos esenciales tales como salud, educación, seguridad y administración de justicia".

Esgrime que la Constitución Provincial establece en su articulo N° 63 "que la organización de la economía y el aprovechamiento integral de las riquezas provinciales tiene por finalidad el bienestar general" por lo que en consecuencia "las modificaciones al régimen de coparticipación deben necesariamente guardar una relación directa con la efectiva asignación de competencias, servicios y funciones, a fin de no desnaturalizar el equilibrio financiero y constitucional del sistema".

Expone que la modificación introducida "resulta desproporcional e irracional desnaturalizando el régimen integral de coparticipación naturalmente variable y volátil, transgrediendo asimismo principios de razonabilidad y responsabilidad fiscal".

Adiciona que el incremento de la coparticipación municipal sin correlato en la transferencia de servicios o competencias "resulta contrario a los principios constitucionales de razonabilidad, equidad y responsabilidad fiscal, en tanto traslada enteramente la responsabilidad sobre el bienestar general a la Provincia, beneficiándose inequitativamente el erario municipal a expensas del detrimento de los ingresos provinciales, poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos previamente asumidos y la prestación de servicios esenciales, como salud, educación, seguridad, etc".