Por incumplimientos reiterados y riesgo para la comunidad
Denuncian penalmente a una constructora por continuar una obra sin permiso en plena estación de servicio de Ushuaia
La Municipalidad de Ushuaia presentó una denuncia penal contra la firma Mateo Karelovic e Hijos SRL y el arquitecto Ramiro Ceballos Arenas, por desobedecer reiteradas órdenes de paralización en una obra de ampliación en la estación de servicio YPF de la calle Maipú, en medio de condiciones de alto riesgo.La Municipalidad de Ushuaia denunció penalmente a la empresa Mateo Karelovic e Hijos SRL y al arquitecto Ramiro Ceballos Arenas, por desobedecer en múltiples ocasiones las órdenes de paralización de una obra ubicada sobre la calle Maipú, en el predio de la estación de servicio YPF.
La presentación fue realizada por la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Carolina Yutrovic, ante el Ministerio Público Fiscal.
Según consta en la denuncia, los responsables continuaron con tareas de demolición y ampliación sin la autorización municipal correspondiente, pese a las suspensiones emitidas por la Dirección de Obras Privadas; agregándose que las infracciones fueron documentadas en distintas inspecciones realizadas a lo largo de 2026.
El 23 de enero se detectaron demoliciones sin planos aprobados, lo que generó una orden de suspensión inmediata; pero el 25 de marzo se comprobó la ejecución de estructuras metálicas sin autorización, labrándose un acta de infracción.
Al día siguiente, los trabajos continuaban pese a la prohibición y, finalmente, el 9 de abril se constató la presencia de personal sin elementos de protección, en simultáneo con la actividad de expendio de combustible, un hecho calificado como de “riesgo crítico”.
La denuncia encuadra los hechos en el artículo 239 del Código Penal Argentino, que sanciona la desobediencia a la autoridad.
Desde el Municipio advirtieron que esta conducta no solo afecta al Estado local, sino que pone en peligro a toda la comunidad debido a las condiciones inseguras en las que se desarrollan las obras.
La causa fue recepcionada por la Fiscalía el 13 de abril, y se incorporaron como pruebas actas de inspección, informes técnicos y registros fotográficos que forman parte del expediente administrativo.