Proyecto para derogar decreto que quitó beneficios a empresas hidrocarburíferas

La diputada fundamenta su iniciativa en varias cuestiones: "1) que el Decreto 751/12 resulta violatorio de nuestra Ley 19.640, por lo que resulta necesaria y justa su derogación, 2) que el Poder Ejecutivo Nacional no puede ni debería poder en el futuro, fundamentar sus urgencias fiscales violando las previsiones económicas derivadas de dejar sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros, previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y 3) que las actuales circunstancias económicas y sociales del país y en especial de la provincia, ameritan una redistribución de esos fondos de manera tal que impacten de manera directa en la economía local, en forma temporalmente limitada y garantizando un horizonte de previsibilidad a las empresas productoras radicadas en nuestra provincia, a la hora de hacer sus estudios y proyección macroeconómica de inversión a mediano y largo plazo”.

Asimismo indica que en el actual contexto económico provincial "creemos que la creación de un "Fondo de Desempleo de los Obreros y Empleados de las Actividades Industriales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”, que administre EL Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y tenga como destino subsidiar los ciclos estacionales de desempleo en las actividades industriales, también es un estricto acto de justicia. Lo es por tres razones básicas; 1) la derivada del hecho de que el producido por esta norma está directamente relacionado con los recursos naturales provinciales, que resultan por la CN de exclusiva propiedad de la provincia, 2) los fondos resultan de la equivalencia obtenida de los beneficios promocionales y del esfuerzo fiscal derivado de las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo en todo el ámbito de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y 3) la crisis de empleabilidad derivada en la provincia luego de la devaluación de nuestra moneda, de las restricciones a las importaciones y de la modalidad de contratación en el sector industrial, que son responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional”.

Finalmente explica que "Este tercer elemento se agrega a los fundamentos expuestos, dado que si bien nuestra propuesta considera la situación fiscal del sector público nacional y las necesidades de inversión de las empresas del sector, como representantes del pueblo de Tierra del Fuego no estamos dispuestos a esa concesión de manera gratuita en la medida que los costes sociales van a ser exclusiva responsabilidad de las autoridades provinciales”.