El conflicto no tiene fin

IFSA insiste con que "aún no se echó a nadie"

Tras un jueves convulsionado, donde se habría efectivizado el cesanteo de 162 empleados, IFSA-BGH cerró sus instalaciones en Río Grande por el período vacacional. Desde la empresa, indicaron que "se produjeron algunos retiros voluntarios, pero nada más". Versiones extraoficiales que circulan dan cuenta que la fábrica se establecería en la provincia de Buenos Aires.
viernes, 23 de diciembre de 2016 · 09:32
Informática Fueguina S.A. (IFSA), empresa perteneciente al grupo BGH que fabrica notebooks y netbooks, cerró este viernes su planta de producción en la ciudad de Río Grande, presuntamente de manera irrevocable, dejando a 162 familias sin trabajo.
 

Ayer, pese al comunicado que la empresa había emitido el pasado 18 de noviembre, en donde negaba rotundamente el quiebre y el despido de trabajadores, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó la desvinculación de la nómina total de operarios y supervisores que se desempeñaban en las instalaciones ubicadas en el Parque Industrial.
 

El Secretario Adjunto del gremio en Río Grande, Marcos Linares, afirmó que la medida "es una consecuencia directa de la quita de aranceles para los productos importados, resuelta por el gobierno nacional".
 
 
Sin embargo, IFSA sigue negando los despidos y el quiebre rotundamente, al manifestar que "se han acordado algunos retiros voluntarios, pero no se echó a nadie", según declaraciones a El Cronista, esta mañana. 
 
 
No obstante, en el marco del comienzo del período vacacional, voceros de la empresa dejaron constancia que la quita de aranceles a la importación "hace inviable continuar con la producción", y reconocieron que sus autoridades "están definiendo los pasos a seguir".

 
Cabe señalar que la fábrica cuenta con una capacidad para producir hasta 250 mil computadoras al año, aunque durante 2016 trabajó tan sólo al 50 por ciento de su alcance.
 
 
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Según manifestaron fuentes allegadas a los trabajadores afectados, estós se darían por despedidos y solicitarían a la empresa cobrar una doble indemnización. Además, mantendrían un acampe en las inmediaciones de la fábrica, hasta tanto reciban una respuesta formal por las autoridades acerca de su condición. 


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