El Tribunal de Cuentas exceptuó el control previo en una contratación para la DPE por más de USD 650 mil

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego resolvió exceptuar del control preventivo una contratación directa impulsada por el Ejecutivo provincial para la adquisición de un grupo electrógeno destinado a la ciudad de Tolhuin, en el marco de la emergencia energética vigente.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución Plenaria N° 042/2026  -publicada ayer en el Boletín Oficial- y refiere al expediente caratulado “Contratación directa / Servicio Mayor Overhaul M6 del grupo electrógeno Cummins C1750 N5CB ESN 66367462 (QSV-92)" para la de la Central Termoeléctrica de Tolhuin.

La solicitud de excepción fue presentada por el Ministerio de Energía a cargo de la ministra Gabriela Castillo, en el marco de la emergencia del Sistema Eléctrico Provincial declarada por decreto y prorrogada hasta fines de 2027.

El objetivo de la contratación es ejecutar tareas de mantenimiento mayor sobre un equipo clave de generación eléctrica en Tolhuin, con el fin de restablecer condiciones adecuadas de operatividad, reducir riesgos de fallas y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Según informes técnicos incorporados al expediente, el equipo presentaba un alto nivel de desgaste y requería una intervención urgente para evitar interrupciones en la prestación del servicio.

La contratación fue encuadrada bajo la modalidad de contratación directa por urgencia, con un presupuesto estimado en 650.820 dólares estadounidenses. En este marco, el Ejecutivo justificó la necesidad de agilizar el procedimiento para atender la situación crítica del sistema energético, argumentando que la demora en los procesos licitatorios ordinarios podría agravar el riesgo de interrupciones en el suministro.

En su resolución, el Tribunal de Cuentas analizó el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para otorgar la excepción al control previo, en base a la normativa vigente y a la Resolución Plenaria N° 307/2022, que regula este tipo de solicitudes.

El organismo observó que, si bien la solicitud fue presentada por la autoridad competente y se acompañaron informes técnicos, no se acreditaron de manera suficiente los extremos de urgencia que justificarían la omisión del control preventivo.

En particular, el informe técnico indicó que los trabajos podrían ejecutarse en un plazo de aproximadamente 20 días desde la adjudicación, lo que, según el Tribunal, no evidenciaría una situación de urgencia tal que impida la intervención previa del organismo de control. También se advirtió que la urgencia invocada no se encontraba debidamente fundamentada en la documentación presentada.

Pese a estas observaciones, el Tribunal resolvió por mayoría exceptuar el control previo de la contratación, aunque dejó constancia de las debilidades detectadas en la justificación de la urgencia.

En ese sentido, el cuerpo dispuso que el Ministerio de Energía deberá remitir el expediente completo dentro de un plazo de 20 días desde la adjudicación de la orden de compra, a fin de permitir el control posterior por parte del organismo. Además, se instruyó a la Secretaría Contable del Tribunal para que incluya el caso dentro del plan anual de auditorías.

En los fundamentos, el Tribunal remarcó que la figura de excepción al control previo "debe aplicarse con criterio restrictivo y sólo en situaciones debidamente acreditadas", ya que su uso indebido podría afectar el sistema de control y la transparencia de las contrataciones públicas.

La decisión fue firmada por los vocales del Tribunal de Cuentas Pani y Longhitano.