Defensor de Menores avanzan en una intimación al Ministerio de Educación

Ariznavarreta explicó que tomo contacto con los padres quienes le comentaron el caso de falta de respuestas a la comunidad educativa de la escuela Kayú Chenén por lo cual decidió actuar de oficio por el perjuicio que se está ocasionando a los chicos con discapacidad por el atraso en sus actividades.

En Radio Nacional Ushuaia, el funcionario dijo que situación es "compleja, porque este estado de los equipos de calefacción ya fue acusado en diciembre del año pasado, por la información que tengo, y los repuestos estarían arribando en los próximos días, pero sin conocerse fecha cierta”.

Como defensor de menores e incapaces sostuvo que "acordé con los padres y cuerpo directivo que a partir de esta verificación personal iba a pedir un informe al Ministerio de Educación y solicitar la urgente reparación de todos los elementos dañados, para que puedan volver a dictarse  las clases de una manera normal”.

En este sentido analizó que "la escuela tiene una particularidad respecto del resto, donde normalmente se imparten actividades que tienen que ver con la educación y en algunos casos se sirve comida o la copa de leche. En este caso muchos de los chicos realizan una serie de actividades que tienen que ver con su discapacidad, como estímulos motores. Esta ausencia de tratamiento puede producir una alteración significativa en el cuadro patológico que tienen”.

Agregó que la intimación ingresará "entre hoy y mañana”, y de no haber respuesta en una semana se daría inicio a las acciones judiciales. "En caso de que no se satisfaga ese reclamo en un plazo prudencial, y hemos propuesto una semana como margen, queda abierta la vía judicial para iniciar una acción de amparo, que es una medida protectiva de carácter jurisdiccional, donde un juez recibe la queja de un colectivo de personas con discapacidad, que plantean que el único espacio para conjugar lo educativo y en algunos aspectos lo sanitario, está sin repuesta porque no hay calefacción”.

"No es que hubo un incendio o una contingencia. Esto tiene tres meses y se tendría que haber resuelto hace tiempo”, remarcó diciendo que la responsabilidad penal que le pudiera caber a los funcionarios responsables, por el perjuicio en la educación y salud de los alumnos, respondió que "no es tan fácil hacer una traspolación penal. La oficina que tengo a cargo es protectiva, no soy un juez sino un defensor de menores e incapaces. Si se abre algún escenario proclive a alguna situación delictiva, habrá que analizarlo. Mi objetivo es que esto se solucione pronto para que esa comunidad educativa vuelva a sus actividades”.