CTA denuncia abandono de personas con discapacidad con RUPE

Se destaca fundamentalmente "la mora en el pago a los prestadores que redunda en principio en la suspensión de las prestaciones, o en la negativa de muchos profesionales a suscribir acuerdos con el Instituto, fundados en el más que atendible argumento de los  perjuicios económicos que esta situación les genera". Para los afiliados esto "significa en muchos casos la interrupción de tratamientos, cuando no la llana imposibilidad de acceder a los servicios de los escasos profesionales que los brindan, más aún si se contempla el catastrófico estado de la salud pública en nuestra provincia". Un ejemplo claro de esto "es la falta de profesionales médicos para cubrir las internaciones domiciliarias, dejando  librados a su suerte a los afiliados que sufren una situación de salud más vulnerable".

Se suma a esta dificultad,  "la burocracia del  sistema de reintegros por prestaciones que debe enfrentar el afiliado que haya accedido a servicios de un profesional que no integre en la nómina de convenidos: rechazo de facturas por detalles administrativos que nadie sabe explicar; reintegros con demoras de meses o hasta un año  y a valores que muchas veces no alcanzan a cubrir el 50% de lo abonado por el afiliado, lo cual viola claramente lo expresado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo N° 25: que relata  "Las personas con discapacidad tienen el derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación debido a su discapacidad. Deben recibir la misma gama, calidad y nivel de servicios de salud gratuitos o asequibles que se proporcionan a otras personas, recibir los servicios de salud que necesiten debido a su discapacidad, y no ser discriminadas en el suministro de seguro de la salud."

Para los derivados en ciudades fuera de la provincia, la demora en los pagos de las miserables ayudas económicas ($300,00 por día, por todo concepto),  que no cubre con la necesidad básica de alojamiento y comida, y que dejan al afiliado en situación de abandono.

La falta de médicos auditores que autoricen las prestaciones, con las demoras y complicaciones que esto implica, y la falta de consideración del personal responsable que no atiende el teléfono de la guardia  son otros de los ingredientes de esta  historia nefasta.

La situación empeora si agregamos  a lo expuesto, que por resolución interna del Directorio del IPAUSS, en noviembre del 2014 el instituto deslinda en el Ministerio de Desarrollo Social  la obligación de cubrir la compra de elementos de ortopedia (sillas de ruedas, bastones, colchones antiescaras, etc.)  y la cobertura de los cuidadores domiciliarios. El afiliado RUPE, entonces, debe peregrinar entre el IPAUSS y el Ministerio de Desarrollo Social, la mayoría de las veces sin obtener lo que necesita dado que en ambos organismos aducen que la falta de fondos imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones. El extremo de esta situación es el caso de empleados administrativos del IPAUSS a los que se les deslinda la responsabilidad de decidir qué derivaciones priorizar.

Palabras de una empleada del Ministerio de Desarrollo Social grafican claramente el estado de situación: "Deberíamos poner un cartel que diga que no se atiende más hasta diciembre. No se puede trabajar así .", refiriéndose a la falta de recursos económicos.

Son cada vez más los pensionados RUPE que realizan acciones judiciales, amparos, recursos de salud y/o denuncias de abandono de personas por estos incumplimientos que ponen en riesgo la salud y la vida de personas con discapacidad.

Llamamos a la Justicia  Provincial a actuar de oficio ante esta debacle indecorosa del gobierno saliente, aparejada a los intereses de los sectores privados que no ven en el sistema de salud más que un inagotable manantial de dinero, se reafirma lo que ha sido su sello distintivo: la inoperancia, la soberbia, la indolencia y, finalmente, la carencia de toda consideración por la salud y la vida de las personas que habitan la provincia.


SECRETARIA DE DISCAPACIDAD – CTA AUTÓNOMA TDF
Diana Román 1541-5951