PENSIONES RUPE
La CTA Autónoma cuestionó "desidia" del IPAUSS para con las personas con discapacidad
Desde la seccional local de la Central de Trabajadores Argentinos se aseveró que "la situación que atraviesan las personas que padecen alguna discapacidad es crítica" y cuestionaron la resolución interna del Directorio del IPAUSS, de noviembre del 2014, mediante la cual el megainstituto "deslinda en el Ministerio de Desarrollo Social la obligación de cubrir la compra de elementos de ortopedia (sillas de ruedas, bastones, etc.)". Además se denunció "la burocracia del sistema de reintegros por prestaciones que debe enfrentar el afiliado".La comisión de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, seccional Tierra del Fuego, mostró su preocupación ante los "reiterados incumplimientos", por parte del IPAUSS, hacia personas con discapacidad y en especial en el área asistencial "que perjudica directamente a los afiliados y pensionados de RUPE".
Tras aseverar que "la situación que atraviesan las personas que padecen alguna discapacidad es crítica", desde la supra organización sindical se cuestionó la resolución interna del Directorio del IPAUSS, de noviembre del 2014, mediante la cual el megainstituto "deslinda en el Ministerio de Desarrollo Social la obligación de cubrir la compra de elementos de ortopedia (sillas de ruedas, bastones, etc.)".
"El afiliado RUPE, entonces, debe peregrinar entre el IPAUSS y el Ministerio de Desarrollo Social, la mayoría de las veces sin obtener lo que necesita dado que en ambos organismos aducen que la falta de fondos imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones", denunció.
La CTA fustigó que "el extremo de esta situación es el caso de empleados administrativos del IPAUSS a los que se les deslinda la responsabilidad de decidir qué derivaciones priorizar".
"Se suma, además, la burocracia del sistema de reintegros por prestaciones que debe enfrentar el afiliado que haya accedido a servicios de un profesional que no integre en la nómina de convenidos", dijo, situación que deriva en "rechazo de facturas por detalles administrativos que nadie sabe explicar; reintegros con demoras de meses o hasta un año y a valores que muchas veces no alcanzan a cubrir el 50% de lo abonado por el afiliado".
Se aseveró que el cuadro de situación enunciado "viola claramente lo expresado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo N° 25".