Reclaman por "la vulneración de derechos"

Desde la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma señalaron que "Las dificultades para lograr que la obra social cubra las prestaciones médicas, derivaciones, ayudas económicas, el 100 % de medicación y demás obligaciones para con los afiliados con discapacidad no son nuevas. Claro que no solo las personas con discapacidad tienen que enfrentarse con las trabas que les impone la Obra Social, personalizada en la presidenta Gallardo quien es el brazo ejecutor del ajuste del gobierno de Bertone".

Advirtiendo que "El paquete de leyes votado por la Legislatura en enero del 2016 es la herramienta del ajuste; a partir de la ley N° 1072 han quedado sin cobertura  alrededor de 200 pensionados RUPE (el número es estimativo ya que no es pública dicha información); la ley N° 1071 entre otras cosas, cambia la conformación del Directorio y le entrega superpoderes a la presidencia de la Obra Social puesta por el gobierno". 

"En este estado de situación, se agudiza la vulneración de derechos ya que todos los reclamos que puedan hacerse en relación a los mismos deben ser resueltos por la misma persona, la presidenta quien es la misma que la propicia. Es más, sin ningún tipo de pudor ha afirmado por los medios que se están realizando gestiones para que la Justicia reduzca el número de amparos presentados a la obra social ya que, según sus propias palabras "el amparo quiebra la solidaridad del sistema”. Es decir, acusa a los amparistas de perjudicar económicamente a la caja en desmedro de los otros afiliados en lugar de reclamarle al Estado Provincial los montos erogados por prestaciones a personas con discapacidad. Aún después de la promulgación del paquete de leyes, sigue siendo el responsable de enviar  el dinero para tal fin cuando estos excedan el 5% que se descuenta a cada uno de los pensionados RUPE. Tampoco hay información pública acerca de si este 5% es girado al OSPTF; en octubre del año pasado en el marco de la Comisión N° 5, Gallardo reconoció que el gobierno  adeudaba más de $30 millones por este concepto", manifestaron desde la Comisión.

Mencionando que "Mientras tanto, los afiliados se enfrentan con resoluciones que niegan la tercera derivación, que solo cubren prestaciones de profesionales convenidos, siendo muchas veces la vía del reintegro la única opción para quienes cuentan con esta opción por tener una discapacidad". 

También denunciaron que "Párrafo aparte merece el tema de los coseguros; a pesar de las dos resoluciones que exceptúan a las personas con discapacidad del pago de los coseguros, aún no está zanjado este problema. Mediáticamente se dijo que había sido un problema informático que se solucionó en pocos días, pero a nuestra Comisión nos consta que el problema se extendió desde principios del mes de marzo al menos hasta la semana pasada".

Indicando que "Si al contexto descripto le sumamos la falta de empatía que muchas veces linda con el maltrato que las personas con discapacidad y/o a sus familiares deben soportar cuando concurren en busca de soluciones a la Obra Social; la situación se agrava aún más. Desde la Comisión de Discapacidad seguimos bregando por la derogación de estas leyes porque no haya ni un derecho menos en Tierra del Fuego", concluyeron.