Presidenta del IPV aseguró que el gerente del radar “cumple con la reglamentación” para una vivienda

En el marco de la controversia que se cierne respecto al emplazamiento de un radar de vigilancia espacial de capitales extranjeros en las afueras de Tolhuin, trascendió en las últimas horas que uno de los gerentes de la empresa LeoLabs, Diego Mancini, habría recibido una vivienda en el Barrio Andorra de Ushuaia por parte del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH).

Tras esta versión que generó aún más polémica al asunto, la presidenta del IPV Laura Montes salió públicamente a referirse sobre la cuestión, y aseguró que se trató de una “situación formal” autorizada por el Instituto, debido a que Mancini “cumple con nuestra reglamentación porque tiene su recibo de sueldo y no presenta ninguna otra propiedad a nivel provincial ni nacional”.

“Esto forma parte de un convenio del 2015 y es una operatoria como las que el IPV lleva a cabo normalmente con gremios o cooperativas. Hacen un convenio con el Municipio, el Municipio le entrega tierras y el IPV se encarga de la ejecución de las viviendas”, explicó en diálogo con FM Masters.

Con respecto al convenio al cual hace referencia expuso que “fue efectuado con la cooperativa de viviendas ARA General Belgrano y se firmó en la gestión anterior”, por lo tanto “hubo un decreto municipal que adjudicaba las tierras a 22 familias, o titulares, y desembocó ahora en un convenio de ocupación porque uno de esos adjudicatarios se bajó y el año pasado la cooperativa General Belgrano solicitó al IPV que ponga como postulante a Diego Mancini”.

“Hace un año que se están tramitando todas las actuaciones para que esta persona sea pre adjudicataria. Aún falta que el Municipio le otorgue la tierra, por lo cual está con un convenio de ocupación no amortizable. Es como un alquiler que no genera ningún compromiso de adjudicación de viviendas, aún hasta que se comprueben todos los datos”, agregó.

No obstante, la titular detalló que se trata de “una práctica común para el IPV, que no tiene que ver con la demanda general”, debido a que “son operatorias que ya salen con construcciones de viviendas para una demanda específica y ese estado lo propone el titular del convenio que en este caso es esta cooperativa”.

“El año pasado empezaron los cambios de titularidad para Mancini, donde el IPV no vincula a esa persona con la empresa del radar LeoLabs. Es una persona que cumple con nuestra reglamentación porque tiene su recibo de sueldo y que no presenta ninguna otra propiedad a nivel provincial ni nacional. Por eso para nosotros es una situación formal, tenemos el expediente que lo avala”, remarcó.