GUERRA POLÍTICA POR LA INTERVENCIÓN
“Autoentrega” y fondos sin rendir: durísima acusación de Lechman por el puerto de Ushuaia
El legislador provincial en declaraciones a medios advirtió sobre posibles denuncias contra el Ejecutivo Provincial por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. También se refirió al reclamo nacional por más de $500 millones vinculados a obras nunca ejecutadas.
La intervención nacional sobre el puerto de Ushuaia continúa generando fuerte repercusión en el escenario político fueguino. El legislador provincial Jorge Lechman lanzó duras críticas contra la gestión provincial y sostuvo que la actual situación de la Dirección Provincial de Puertos es "consecuencia de años de anuncios incumplidos, errores administrativos y una deficiente defensa del patrimonio provincial".
"Gran parte de esta intervención es una autoentrega del gobernador del puerto de la ciudad de Ushuaia", polemizó el parlamentario de Somos Fueguinos en diálogo con "El Cronista Urbano" por Radio Provincia, esta mañana.
Según el parlamentario, la falta de acciones concretas para defender la jurisdicción provincial, sumada a errores en las presentaciones judiciales, alimenta la sospecha de una responsabilidad política directa del Ejecutivo fueguino.
“Desde 2020 a 2024 cada dos por tres eran anuncios de grandes terminales, grandes inversiones, y nunca se hizo absolutamente nada”, cuestionó.
En ese sentido, también criticó la presentación de un proyecto legislativo vinculado a la posible privatización del área portuaria en medio de la intervención nacional, al considerar que la iniciativa “no tiene sentido” mientras la provincia no tenga control efectivo sobre el puerto.
Además, Lechman consignó que el proyecto oficial representa “pan y circo” y una “tomada de pelo” a la sociedad fueguina.
Los supuestos 500 millones del convenio sin transferir
El legislador mencionó en la citada audición sobre el reclamo impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que exige la devolución de aproximadamente 547 millones de pesos por presuntos incumplimientos administrativos relacionados con un convenio firmado en 2021.
Sobre este aspecto, el legislador explicó que el reclamo estaría vinculado a fondos transferidos para la construcción de la terminal de catamaranes, obra que nunca se concretó.
“Se adelantaron 200 millones al puerto para hacer esa obra, pero jamás se hizo y, aparentemente, nunca se realizaron las rendiciones correspondientes”, sostuvo Lechman, para advertir que ello podría derivar en consecuencias judiciales y administrativas.
Advirtió se podría derivar en consecuencias judiciales y administrativas
Lechman fue más allá y calificó la situación como un posible delito. “El incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito”, expresó.
En ese marco, confirmó que sus asesores legales se encuentran trabajando en la evaluación de posibles denuncias vinculadas a la actuación de las autoridades portuarias y del Gobierno provincial.
“Estamos trabajando en la posibilidad de las denuncias correspondientes”, afirmó.
