El Ejecutivo envió el proyecto al Concejo Deliberante
Ushuaia podría declarar la emergencia económica ante una deuda de más de $12.000 millones por coparticipación
En medio de una fuerte caída de recursos y demoras en los envíos provinciales, el proyecto de ordenanza busca herramientas excepcionales para renegociar contratos, refinanciar deudas y readecuar el presupuesto. El secretario de Gobierno advirtió que los fondos coparticipables ingresan con 40 días de demora y una caída real del 38% en el poder de financiamiento.
El Poder Ejecutivo Municipal de Ushuaia envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera por un plazo de seis meses, ante la caída de recursos coparticipables y la falta de previsibilidad en el envío de fondos por parte del Gobierno provincial.
Desde el gobierno capitalino advirtieron que las demoras en la remisión de esos fondos superan los 12 mil millones de pesos, lo que afecta directamente la liquidez y la capacidad de gestión del Estado comunal.
La medida busca dotar al Municipio de herramientas excepcionales para afrontar la situación y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Entre las facultades que contempla el proyecto se encuentran la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes; implementar mecanismos de consolidación y refinanciación de deudas con proveedores; reestructurar partidas presupuestarias; gestionar nuevas fuentes de financiamiento; y suspender nuevas incorporaciones de personal, excepto en áreas esenciales debidamente justificadas.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, sostuvo que "la medida responde a una situación económica y financiera excepcional, enmarcada en un contexto macroeconómico adverso que impacta directamente sobre la actividad local, la recaudación y la capacidad de gestión del Estado".
En ese sentido, detalló que "los ingresos por coparticipación registraron una caída nominal del 5% en enero de 2026 respecto al mismo período del año anterior, lo que representa una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento".
Iriarte también remarcó "la necesidad de contar con una ley de goteo que garantice la llegada de los recursos en tiempo y forma a las arcas comunales", y señaló que "actualmente esos fondos están ingresando con una demora de alrededor de 40 días, de manera inexplicable".
El escenario se completa con una fuerte retracción del consumo, caída de la actividad económica, pérdida del poder adquisitivo y un desfasaje entre las variables previstas en el presupuesto y la evolución real de la economía.
Finalmente, el funcionario afirmó que "la declaración de la emergencia constituye una herramienta necesaria para sostener el funcionamiento del Estado municipal, preservar el empleo y acompañar a la comunidad frente a un escenario de creciente complejidad económica y social".
