CONTADOR OSCAR BAHAMONDE

Aseguran que el gobierno debe a Río Grande "alrededor de $ 30 millones en tasas municipales"

La queja del ejecutivo comunal de esa ciudad se produjo en el marco de de la discusión planteada por la creación de un fondo para financiar obras de infraestructura a través de la tasa de verificación de los procesos industriales. Además advirtió que se trata de 'fondos que necesita la ciudad para obras, servicios y demás'.
viernes, 23 de octubre de 2015 · 07:54

El subsecretario de Finanzas de Río Grande, Oscar Bahamonde, reveló que "en la actualidad el Gobierno provincial debe alrededor de unos 30 millones en tasas municipales".

Las expresiones del funcionario se dieron en el marco de la discusión planteada por la creación de un fondo para financiar obras de infraestructura a través de la tasa de verificación de los procesos industriales.

Bahamonde comparó que "el decreto nacional 206/09, con el que se crea el fondo de la soja, tiene tres artículos, muy parecidos a los de la ley en discusión y no escuché ninguna queja sobre esto".

El funcionario municipal coincidió con el secretario de Presupuesto de la provincia, Claudio Blanco, sobre que era falaz presentar esto como recuperación de la coparticipación para redistribución de la tasa.

"La ley no habla de la coparticipación, sino de crear un fondo para financiar obras y que ese fondo se va a financiar con la recaudación de los derechos que se le cobra a la industria, con lo cual no se está planteando una modificación a la coparticipación", insistió el contador Bahamonde.

En entrevista con Radio Fueguina, el profesional entendió que "quizás estamos mezclando el derecho tributario con las facultades que tendría la Legislatura, porque algunos dicen que no se puede coparticipar una tasa, pero no se está tocando la coparticipación con esta ley, sino sencillamente crear un fondos para financiar obras, algo muy similar a lo que se maneja con el Fondo de la Soja".

Al hacer un análisis técnico, Bahamonde recordó que "el tributo tiene una parte que es el impuesto y otra parte que son derechos y tasas", y explicó que "la tasa se le cobra por una contraprestación, está aceptado por la Justicia incluso".

"Pero acá dicen que se estaría afectando una parte de esto porque plantean cuál es la parte que presta el municipio", avanzó, para considerar luego que "está mal analizado, porque el municipio no sería el que está cobrando la tasa a la industria, sino que lo que se plantea es que el Estado cobra los derechos a la industria y lo que plantea esta ley es que de esos derechos una proporción se va a utilizar para financiar obras".

Desde el Gobierno de la provincia además se planteó un manto de dudas sobre el destino de esos fondos, sin embargo el contador Bahamonde recordó que "el decreto nacional 206/09, con el que se crea el fondo de la soja, tiene tres artículos, muy parecidos a los de la ley en discusión y no escuché ninguna queja sobre esto".

"Después una ley lo puede reglamentar y definir los puntos que generen dudas", señaló, y aseguró no ver "la diferencia entre ambos casos".

En otro tramo, el funcionario municipal recordó que en el caso de las tasas que cobra el Municipio son las mismas que cobra la DPOSS en Ushuaia.

"Por ejemplo el agua en las escuelas o en edificios públicos provinciales. No es que cuando se quedan sin agua ellos van con el aguatero y pagan lo que cuesta, esto lo hace el mismo municipio", anotó.

Observó que "cuando tienen algún problema con el agua, llaman al municipio, porque es un servicio esencial, y esto es algo que no se recupera".

En este sentido recordó que "este año logramos un acuerdo sobre una sentencia por tasas atrasadas que data de 2010".

"En la actualidad el Gobierno provincial debe alrededor de unos 30 millones de pesos en tasas, fondos que necesita la ciudad para obras, servicios y demás", precisó el Subsecretario.

Un antiguo planteo

Cabe recordar que en 2011, cuando aún era Secretario de la Producción aunque ya había sido electo Intendente de la ciudad de Río Grande, el profesor Gustavo Melella ya planteaba el reclamo por el 15% de la tasa de verificación que se cobra a las industrias radicadas al amparo de la ley de promoción.

La propuesta era la misma y consistía en que los fondos irían a una cuenta específica para solventar los gastos en infraestructura, dado que todos los trabajos son realizados por la Municipalidad con fondos propios, al mismo tiempo que ingresaban por esta actividad en aquel año más de 400 millones a la provincia.

 

Comentarios