CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS
Retoman acciones por la Ley de Cruce por Aguas Argentinas
Desde la Federación Popular de Transporte anticiparon la decisión de avanzar con medidas, buscando el cumplimiento de la Ley 26.776 que indica la construcción del Cruce por Aguas Argentinas y la extensión de la ruta 40 hasta la provincia. No se descarta llegar hasta una demanda legal contra el Gobierno nacional, para reclamar el cumplimiento de la norma.
En una conferencia encabezada por el referente de la Fe.Po.Tra. Daniel Guzmán, a quien acompañaron el diputado nacional Oscar Martínez; el presidente del Centro de Veteranos "Malvinas Argentinas", Roma Alancay; el secretario Gremial de los Petroleros Jerárquicos, Moises Solorza; y la secretaria de Acción Social de ATE, María Sosa; junto con otros integrantes de la Federación Popular de Transporte, veteranos de Malvinas y dirigentes sociales y políticos, quedó planteada la necesidad de reimpulsar acciones dirigidas a exigir el cumplimiento de la Ley 26.776.
Guzmán comenzó refiriéndose a las acciones desarrolladas hasta el momento, entre ellas algunas en el marco de la Cámara de Diputados por intervenciones de los parlamentarios fueguinos Oscar Martínez y Martín Pérez, reclamando por el cumplimiento de la citada norma. Pero advirtió que desde el Ejecutivo nacional todo parece indicar que se busca el archivo de la Ley de Cruce por Aguas Argentinas "como sucedió con tantas leyes".
El dirigente de la FE.Po.Tra. dijo que se reclamará avanzar con un estudio de factibilidad para la aplicación de la norma; para lo cual pedirán "la incorporación de partidas, para iniciar una primera etapa de un estudio de factibilidad como plantea la Ley". Señaló que los estudios que se realizaron no son los adecuados y dijo que al menos se necesita una partida "de 50 millones o lo que se evalúe", para realizar dichos trabajos.
Por otra parte impulsarán "la conformación de un Consejo Consultivo Parlamentario", que integrarían representantes de universidades nacionales, diputados, senadores, representantes de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, miembros de Astilleros Río Santiago y de Vialidad Nacional; entre otros organismos.
El mismo tendrá el objetivo de hacer "un seguimiento de la Ley", recordando que "fue el Parlamento el que aprobó la Ley por unanimidad; no fue un decreto de ningún presidente de facto", destacó; reclamando que "el parlamento tome una acción política" para obligar al cumplimiento de lo normado.
De lo expuesto serán informados los titulares de ambas Cámaras Legislativas y también todos los presidentes de los bloques de Senadores y Diputados. Pero además adelantó Daniel Guzmán que, luego de esperar un plazo razonable hasta el mes de octubre; se avanzará con una demanda dirigida al Gobierno nacional, en el ámbito de la Justicia Federal, si no se inician las acciones conducentes a conseguir el cumplimiento de la Ley 26.776.
