POR EL CANON DE LAS MÁQUINAS
Sigue la pulseada entre Cristóbal López y el Gobierno fueguino
El presidente del Instituto Provincia de Regulación de Apuestas (IPRA), Ricardo Uribe, apuntó directamente contra el empresario Cristóbal López, a quien describió como “el que tiene el brazo más largo”, luego del revés judicial que recibió la provincia en la Cámara de Apelaciones frente al intento de incrementar el canon de $300 que pagan las máquinas tragamonedas de su casino.
Desde el IPRA confirmaron que irán a casación, pero en primera y segunda instancia no tuvieron eco favorable, frente a la oposición del empresario para que le suban el monto que paga por el funcionamiento de las máquinas.
Para Uribe la justicia estaría evitando sentar un precedente judicial, teniendo en cuenta conflictos similares que tendría Cristóbal López en otras provincias, donde tiene concesionada la explotación de juegos de azar. "Por eso hablo del brazo largo”, explicó a Radio Nacional Ushuaia.
"Estuvimos dos años y medio creyendo que estábamos negociando, pero después todo se transformó en una pérdida de tiempo”, sostuvo Uribe. Fue a partir de un decreto de la gobernadora Fabiana Ríos que el IPRA recuperó la potestad de definir el canon, por lo cual "imponemos un costo, como resultado de un fracaso en la negociación”, dijo el titular del IPRA.
Luego mencionó que a fin del año 2013 el canon por máquina era de 1.870 pesos "y hace poco tiempo lo modificamos, por la realidad económica que se vive. Ahora pusimos un canon que ronda los 2.900 pesos. Pero eso solamente impacta sobre 53 máquinas”, aclaró, "teniendo en cuenta que el Casino llegó a tener casi 500 en la provincia” y por las restantes se pagan poco más de 300 pesos.
Después explicó que "la mayoría de máquinas están impactadas por 300 pesos más un cálculo que se hace en función del CER. Es lacrimógeno el monto y esto afecta la funcionalidad de la institución, que no puede volcar a desarrollo social o salud esta recaudación”, dijo Uribe.
Señaló que este monto congelado en una pesificación a 300 pesos más CER, se debe a acuerdos de renegociación de contratos, con una extensión por 15 años a Casino Club bajo esos parámetros, que se realizó en 2004 "y pareciera cerrado bajo siete llaves. Hoy es un gran conejo blanco que se ha sacado de la galera, porque esto no parece racional”, sostuvo.
Recordó que en 2006 "eran 180 máquinas entre Río Grande y Ushuaia” y habían aumentado "a cerca de 500 máquinas”. Asegurando que no hubo posibilidad de acordar con Cristóbal López, responsable de la empresa. "Estuvimos negociando dos años y medio –reiteró-, y hubo maltrato, autoritarismo, porque pareciera que es absolutamente intocable”.
Uribe además expuso que hay otra empresa que tiene tragamonedas y paga más. "No se equipara el canon. Es una licitación distinta y lo que queremos es que tenga impacto para todas”, dijo. Cifrando sus esperanzas "en la instancia que sigue, que es la casación”.
Vale mencionar que, también mediante un escrito dirigido a la gobernadora Fabiana Rios, Cristóbal López intentó evitar que Casino Club sea alcanzado por la resolución del IPRA que actualizó el valor del canon. "La situación amerita su intervención para poner las cosas en su justo lugar, antes de que sea tarde”, advirtió el empresario en su carta.
El contenido de la misiva se conoció este miércoles, en la misma semana en que el IPRA formalizó la presentación de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia para revertir el fallo de primera instancia ratificado por la Cámara de Apelaciones.
La nota fue firmada por el empresario el pasado 9 de diciembre, pocos días antes que la Jueza Civil y Comercial Adriana Rapossi resolvió a favor del empresario e impidió que se aplique la resolución del IPRA N°355 que actualizó el canon a las actividades desarrolladas en casino. Ese instrumento imponía a Casino Club que el canon por explotación de tragamonedas ascienda de 300 a 1800 pesos.
Para Cristobal López, la resolución del IPRA "perjudica a la empresa” que conduce y aseguró que se está ante un "claro desvío y abuso de poder que, de no ser rectificado, hará participes a todos los funcionarios que directa o indirectamente han tenido intervención en el asunto”.
