RÍO GRANDE
La CTA se opone al Código Contravencional
La CTA Autónoma Seccional Río Grande manifestó su “gran preocupación ante la sanción y promulgación de la Ley 1024, Código Contravencional de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cual se evidencia un gran retroceso en las garantías del cumplimiento de los derechos individuales”. Aseguran que se está “habilitando a las fuerzas policiales a actuar de oficio y aprehender sin previa orden del poder judicial a todo aquel que al solo juicio de los oficiales de las fuerzas públicas observaren a su parecer conductas dudosas”.
En un documento la CTA Autónoma Seccional Río Grande dice que se avanza sobre "los derechos amparados por la Constitución Nacional Argentina y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Advirtiendo que "Al leer los Art. 78 y 79 entre otros nos surgen preguntas… ¿podremos manifestar nuestra disconformidad ante la falta de seguridad? ¿Ante la falta de los servicios que garanticen un verdadero acceso a la salud? ¿Esta norma cercena nuestro derecho a manifestarnos? ¿Este Código se usará para justificar detenciones arbitrarias y procesos de dudosa legalidad, habilitando prácticas sistemáticas y habituales de carácter delictivo, persecutorio y extorsivo por parte de cualquier autoridad; permitiendo judicializar problemas sociales que deberían ser objeto de políticas públicas y no de acciones penales?”
Más adelante expresan que "Algunos artículos aluden en su redacción términos cargados de subjetividad y de dudosa comprobación. Vemos con estupor la subjetividad que se pone de manifiesto en una norma que no sanciona por si las conductas, sino que transfiere ese poder a las autoridades que en esa ocasión ejerzan el derecho de admisión de una propiedad pública, es decir que habilita a que funcionarios procedan a legitimar o no el acceso o permanencia de una o varias personas en nuestros lugares de uso público”.
Señalando luego que "Como organización social y sindical, no podemos dejar de manifestar nuestra disconformidad ante cuestiones que nos afectan como fueguinos, otorgando a las autoridades públicas poderes extraordinarios que avalan acciones que restringen nuestros derechos y coartan capacidad de participación política”.
Desde la Central expresan que "Como clase obrera tenemos nuestra forma de reclamo y reivindicación, es la protesta, la expresión pública, la manifestación pasiva. Pilares fundamentales de luchas y pujas sociales en las que se ha avanzado en materia de derechos desde y para los sectores productivos. Entendemos que la creación y promulgación de este tipo de medidas es un acto estrictamente discriminatorio contra los actos sindicales y sociales”.
Para continuar expresando: "Consideramos que las medidas tendientes a garantizar condiciones de gobernabilidad a los que vienen atentan contra los trabajadores y las organizaciones no solo sindicales, sino sociales y políticas intentando amedrentar todo tipo de expresión, protesta y organización colectiva que luche por los legítimos derechos laborales, sociales y, por supuesto, antidiscriminatorios”.
En el tramo final del documento expresan "Nos encontramos ante una Ley que recae selectivamente sobre la clase obrera, que ha sido diseñada con el fin de vigilar y castigar, con la complicidad del poder político fueguino.
No permitiremos un avance sobre nuestros derechos constitucionales. No a la intervención de las fuerzas públicas y del poder político contra la libertad sindical”, concluye el texto.
