RÍO GRANDE
Se radicó la denuncia contra cinco petroleras que operan en Malvinas
El Fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport; el Fiscal General Coordinador de Distrito Tierra del Fuego, Adrián Jorge García Lois; y el Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella; radicaron esta mañana en el Juzgado Federal de Río Grande una presentación conjunta involucrando a cinco empresas europeas, por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.Se trata de las firmas Falkland Oil and Gas Limited, Edison International SPA, Noble Energy Inc., Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc. Los funcionarios judiciales fueron recibidos por la Dra. Mariel Borruto, quien se encuentra en la actualidad subrogando el juzgado, y según manifestó el Fiscal Rapoport lo hizo "muy amablemente y mostró estar muy interiorizada en el tema”.
Gonella por su parte recordó que "la denuncia que efectuó la Cancillería días atrás en la Procuración General, expone un marco en el cual empresas extranjeras, mayormente europeas, están desarrollando actividades de exploración con fines de explotación de hidrocarburos, en infracción a tratados internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. A la legislación nacional y a la reciente Ley de Hicrocarburos sancionada en el mes de diciembre del año 2013, que regula un par de figuras delictivas”.
Avanzando sobre las figuras delictivas que se denuncian, explicó el titular de PROCELAC que "cualquier persona física o jurídica, cualquier estado que desee realizar actividades de esta naturaleza en nuestro territorio, tiene que contar con la autorización de las autoridades estatales. En este caso –por tratarse de recursos naturales sometidos a la soberanía del Estado, a la Secretaría de Energía- y como se detectó a partir de una investigación de Cancillería y otros organismos públicos que buques extranjeros de empresas extranjeras estaban haciendo este tipo de actividades sin contar con autorización, se iniciaron ya en el año 2010 sumarios administrativos y se sancionó a estas empresas con penas de inhabilitación de hasta 20 años. Como no cesaron con esta actividad, se presentó una denuncia penal en el marco de la Ley 26659 que regula estos delitos”, remarcó Gonella.
Cabe mencionar que, una de las primeras medidas que se espera por parte de la Justicia Federal, es la identificación de "las personas físicas que están detrás de las personas jurídicas de estas empresas”, para avanzar con la investigación, junto con "preservar los bienes materiales para evitar que se siga consumando el ilícito y que se reciba declaración indagatoria” de las personas físicas que se identifiquen.
Además se sospecha de delitos de orden ambiental y de contrabando "porque para introducir al territorio nacional tecnología o material, como así también para egresar con hidrocarburos, esa actividad tiene que estar sujeta al control aduanero”, explicaron.
Las empresas son de nacionalidad británica, italiana, noruega y estadounidenses, indicaron; señalando que fueron denunciadas tanto las empresas que realizan la explotación como las contratistas.