La Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Transporte, informó que a raíz de la medida de fuerza dispuesta por personal aduanero chileno "es complejo el tránsito con el vecino país”, por lo que sugirió "no viajar hacia ese destino mientras dure la medida de fuerza”.
Este fin de semana largo fue uno de los pocos en los últimos años en que los riogalleguenses no pudieron viajar al tradicional paseo en Punta Arenas, a partir de las complicaciones generadas por el gremio de la ANFACH, en demanda de mejoras y modernización de la entidad, junto con el aumento en la dotación de planta.
El paso de un "convoy" de camiones retenido en el lado argentino, en Monte Aymond, hacia el lado chileno por razones humanitarias, fue una de las últimas decisiones adoptadas por los directivos de los trabajadores de Aduanas de Chile que desde el miércoles pasado se encuentran movilizados en el marco del paro nacional de funcionarios del sector.
En las últimas horas, desde la Dirección Nacional de Migraciones se informó que los servicios migratorios y aduaneros argentinos trabajan "con absoluta normalidad, pero no ocurre lo mismo en territorio trasandino”.
Por eso recomendaron tratar de no viajar a Chile y evitarse las largas esperas de vehículos de transporte y particulares.
Las autoridades chilenas han informado a sus habitantes sobre la anormalidad e incluso en algunos pasos han cerrado el tránsito en las rutas que llevan a esos destinos.
De hecho, uno de los puntos con un reclamo más intransigente se vive en el sur del país, particularmente en los trabajadores de la ANFACH de Punta Arenas, que mantuvieron durante los primeros 3 días un corte total.
Una quincena de camioneros interpuso denuncias ante Carabineros
Una quincena de transportistas interpusieron denuncias ante Carabineros en contra de los funcionarios del Servicio de Aduanas que ayer entraban a su sexto día en huelga de carácter indefinida, amparándose en el artículo 256 del Código Penal chileno.
El texto de dicha norma establece que "en iguales penas (suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte sueldos vitales) incurrirá todo empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos”.
(Fuente: La Prensa Austral).