ATE resolvió un paro de actividades para el 24 de febrero

"La verdad es que éste nuevo gobierno nos está poniendo en una situación compleja, en virtud de que la Ley de Emergencia Previsional es, a nuestro entender, un ajuste sin precedentes en la provincia que involucra a 20 mil trabajadores, incluidos los compañeros jubilados”, explicó el secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, quien advirtió sobre una "intervención al Instituto”.

"Obviamente el sindicato está trabajando para resistirse a la entrega de los derechos y las reivindicaciones de los trabajadores”, observó el citado dirigente sindical.

Córdoba aseguró que desde su sector están dispuestos "a dar la pelea frente a éste ajuste que, como en viejas épocas, van a pagar los trabajadores”.

Sin bien reconoció que falta conocer los decretos reglamentarios de la Ley, aseguró que en la misma "se saca la autarquía al Instituto, se instala la oficina previsional del estado –que viene a ser como una ANSES paralela- perdemos el 82% móvil y la movilidad salarial; se lleva el cálculo del haber de 24 a 120 meses y ahí se pierde entre un 15 y un 30 % del salario; no toman en cuenta las guardias y horas extras para calcular el haber y se avanza en cambiar el Vademécum actual por el de IOMA, con lo cual perdemos muchos beneficios que tenemos en la provincia en provisión de medicamentos y cuestiones que tienen que ver con la salud”.

Córdoba criticó que los directores "no tienen voz, ni voto” y señaló que la conducción del nuevo organismo queda en manos "del Ejecutivo provincial” y aseguró que "esto no es poco para los tiempos que vivimos”.

"Hoy el costo de vida en la provincia de Tierra del Fuego es altísimo y hemos perdido el poder adquisitivo”, se quejó y anotó que "el salario se ha devaluado en forma estrepitosa y son temas muy profundos para lo que se viene del año”.

El dirigente estatal lamentó que no se haya avanzado en abrir canales de diálogo con los trabajadores, recordando que desde ATE se presentaron proyectos relacionados con éstos temas que preocupan.

"No se nos ha tenido en cuenta en absoluto y hay una subestimación de nuestra organización”, fustigó y consideró que si bien "hubo un momento para construir consenso y diálogo, en favor de la paz social en la provincia y de su normal funcionamiento; hoy tenemos que salir a luchar para defender nuestros derechos y recuperar un salario que ha perdido su valor frente al proceso inflacionario”.

El gremialista anticipó "acciones de protesta” y confirmó la decisión, en el plenario realizado en Tolhuin ésta semana, de realizar "un paro de actividades para el día 24 de febrero, que podría revertirse si encontramos un camino de diálogo y de apertura, buscando la solución para problemas que tenemos no solo los trabajadores estatales, sino también muchísimos compañeros que se están viendo afectados por éstos días, como es el caso de los compañeros de planes que vienen trabajando desde hace años con tareas de planta permanente”.

Por último denunció que hasta el momento "no se ha puesto un solo tornillo en las escuelas” y aseguró que por las condiciones edilicias "se podría ver afectado en normal comienzo de las clases, porque hasta ahora no han hecho nada”.