La querella y la Fiscalía solicitaron condena para 28 de los 34 docentes y camioneros

Entre los imputados para los que se solicitó prisión figuran el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, Horacio Catena, y el secretario Adjunto de Camioneros, Daniel Capdevilla. Para el restante, solicitaron se lo declare en rebeldía. Se pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles y mañana no habrá paro docente.

La mayoría de las condenas son de cumplimiento en suspenso, a excepción de Leonardo Alexis Ríos, a quien la Fiscalía le solicitó 4 años de prisión y la querella, representada por el doctor Federico Vidal, le pidió 5 años; a raíz del tenor de las agresiones producidas contra el personal policial. También podrían terminar en prisión otros dos imputados, pertenecientes al gremio de Camioneros, por condenas anteriores.

Horacio Catena, titular del SUTEF y de la CTA Autónoma en la provincia; dijo que no le extrañó el pedido de condena "ni de la Fiscalía ni de la querella, por cómo viene barajado este juicio”.

El titular del gremio docente advirtió que "sí es muy pobre el planteo de la Fiscalía, porque no hay un solo elemento probatorio e incluso toman declaraciones que nosotros tenemos denunciadas por falso testimonio”.

Catena, para quien solicitaron 3 años de prisión en suspenso, dijo que se trata de "una condena política, donde por un lado dicen que no tienen en cuenta mi rol gremial pero por el otro lo toman como agravante”.

Por otra parte, el abogado que representa a los Camioneros, Francisco Giménez, anticipó que planteará la nulidad del alegato de la querella, entendiendo que "tiene serias deficiencias técnicas” y no cumple con los requisitos "formales” que requiere el proceso "porque no es claro, es confuso, se mezclan hechos, se mezclan calificaciones legales".

El Letrado observó que "un alegato debe ser claro para que lo entienda todo el mundo, no solamente los profesionales y técnicos”.

Además cuestionó la solicitud de "condenas de cuatro y cinco años, que generalmente se dan por tentativa de homicidio, no por lesiones leves o graves como en estos casos”.

Giménez también criticó que el juicio siga, a pesar de las denunciar y nulidades planteadas por los defensores a raíz del reconocimiento de testimonios inducidos para complicar la situación de los dirigentes gremiales.

"Yo digo que el Estado no puede hacer trampa para condenar a las personas, y la Fiscalía no puede utilizar esas trampas, no se pueden usar cartas marcadas y, lamentablemente, se están usando", cuestionó.

Consideró que "este juicio está todo manchado de irregularidades, por intromisión de un poder del Estado sobre otro poder como la Justicia, eso está absolutamente claro" y que "por eso creíamos que una actitud republicana y garante de los derechos de todos los imputados era pedir la nulidad del juicio, no se hizo en su momento y lo lamentamos, pero de eso hablaremos cuando nos toque”.

Vale mencionar que, de los 34 imputados, se solicitó que se declare en rebeldía a Gerardo Silva, por no haberse presentado al juicio ni encontrarse en la provincia.