AUDIENCIA EN EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Autoridades de Río Grande aseveraron que pudieron demostrar deuda del Gobierno
Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, quien tras participar de la reunión en sede judicial comentó que “nuestro planteo no es más que la continuación de los procesos judiciales que han realizado los últimos 2 intendentes de Río Grande”.
Autoridades de la Municipalidad de Río Grande aseveraron que en la audiencia de este lunes, en el Superior Tribunal de Justicia, pudieron demostrar ante los jueces de la Corte la existencia de deuda de coparticipación y tributaria.
Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, quien tras participar de la reunión en sede judicial comentó que “nuestro planteo no es más que la continuación de los procesos judiciales que han realizado los últimos 2 intendentes de Río Grande”.
El citado funcionario comunal consideró “importante, recordar que los planteos judiciales iniciaron en 2009, prosiguieron en el mismo expediente en 2010 y en 2013; y del mismo modo que el expediente N°3909/2019 fue iniciado por el entonces intendente (Gustavo) Melella, hoy gobernador”.
Días alertó a los jueces de la Corte provincial de los inconvenientes generados por el retraso en el envío de fondos coparticipables, aseverando que “afectan a la administración municipal independientemente de quien la lleve adelante”, y que demuestra asimismo que “no se trata de nombres o partidos políticos” porque “lo que es deuda es deuda y carece de nombres propios”.
Respecto a los montos de la deuda del Estado provincial para con el Municipio de Río Grande, clarificó que “suma un total de 680 millones de pesos”, para discriminar luego que “$500 millones corresponden a la de deuda de coparticipación, 120 millones de deuda tributaria, sumado a los $60 millones que días atrás la Ministra de Obras Publicas reconoció por la planta potabilizadora”.
“Esto representa un verdadero ahogo financiero hacia todos los vecinos”, expresó el Secretario de Gobierno.
“Con estupor observamos que no existe ningún empacho por parte de las autoridades del Gobierno de la Provincia en violentar e inmiscuirse en las autonomías municipales”, fustigó Díaz, quien solicitó al máximo órgano judicial “velar que aquellos fondos se coparticipen”, es decir, “se transfieran a las arcas municipales en el tiempo que la reglamentación ya lo tiene previsto”.
